La Fiscalía colombiana desarticuló una red de corrupción en el sector del reciclaje que, mediante empresas ficticias y el uso de habitantes de la calle como supuestos socios, desvió más de 6.800 millones de pesos de recursos públicos en tres ciudades del país.
La Fiscalía de Colombia identificó una red de corrupción en el sector del reciclaje que, bajo la fachada del “cartel del reciclaje”, simulaba la existencia de empresas a través de asociaciones de recicladores y utilizaba a habitantes de la calle como aparentes empresarios para desviar recursos públicos.
Según lo informado por Semana, el mecanismo del fraude consistía en crear empresas de papel y facturas ficticias que, respaldadas por soportes legales igualmente falsos, permitían apropiarse de fondos destinados a servicios esenciales y subsidios estatales.
Estas entidades inexistentes, con representantes legales provenientes de poblaciones vulnerables, presentaban documentos y facturas apócrifas ante la Superintendencia de Servicios Públicos (SSP), logrando así desviar más de $6.800 millones de recursos públicos en solo tres ciudades. El esquema suponía la recolección y gestión de materiales reciclables que jamás ocurrieron.
La legislación colombiana autoriza a asociaciones de recicladores a constituir empresas que gestionen residuos y facturen el servicio. El fraude, destapado por la SSP, consistía en diseñar Estaciones Clasificadoras de Aprovechamiento (ECA) que no existían físicamente, junto a la presentación de cobros irregulares amparados por facturación falsa. Los representantes legales de estas empresas, según la investigación, solo figuraban en los documentos y no tenían injerencia real en los negocios.
Alcance del fraude y ciudades impactadas
Las operaciones del “cartel del reciclaje” iniciaron en Duitama, Sogamoso y Tunja, en Boyacá, donde la Fiscalía determinó cobros ilegales cercanos a 7.000 millones de pesos. Las investigaciones advierten que el mecanismo corrupto podría haberse replicado en otros territorios, incluido Bogotá, aprovechando debilidades en los controles internos de la SSP.
El expediente judicial documenta que los recorridos de recolección reportados eran ficticios, ya que los camiones permanecían en sus municipios y no realizaban traslados reales. Vecinos afectados confirmaron la inexistencia de un servicio visible, ni vehículos operativos en las zonas declaradas. Además, muchas bodegas supuestamente registradas resultaron ser inexistentes, sin cumplir con las dimensiones legales exigidas, y los predios permanecían cerrados y sin actividad detectable.
Habitantes de la calle y la manipulación de la identidad
Entre los aspectos centrales del caso está el uso de la identidad de mujeres en suma vulnerabilidad para dar apariencia de legalidad al fraude. Ecovisionarios y Reciplanet fueron dos empresas fachada investigadas por la Fiscalía de Colombia; entre sus supuestas socias figuraban una habitante de la calle y una cabeza de hogar registrada en el Sisbén en condición de pobreza extrema.
De acuerdo con los documentos de la Fiscalía, ambas se presentaban como responsables de pagar más de 40 millones de pesos mensuales por reciclaje, suma completamente ajena a su realidad socioeconómica. La mujer registrada como cabeza de hogar fue capturada, mientras que la habitante de la calle, según testimonios recabados, desconocía el uso de su nombre en los trámites.
Un habitante de Río Chiquito, en Sogamoso, comunicó a los agentes de la unidad de policía judicial CTI que la supuesta socia permanecía en situación de calle y era consumidora de sustancias psicoactivas. Los registros sobre domicilio, actividad comercial y residencia fueron falsificados, lo que facilitó la prolongación del esquema hasta la intervención de las autoridades.
Avance judicial y ramificaciones del escándalo
La Fiscalía de Colombia reportó la captura de cinco personas, incluidas las que se desempeñaban como representantes legales de empresas fachada y quienes suscribieron las facturas falsas de asociaciones de recicladores. El proceso continúa e investiga eventuales responsabilidades dentro de la Dirección Técnica de Gestión de Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos, así como a los funcionarios de las empresas públicas que validaron los pagos.
El expediente recoge cargos por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito; además de alteración de elementos materiales probatorios.