El Gobierno nacional formalizó una reestructuración del Presupuesto 2026 que incluye recortes en Salud, Educación y transferencias a provincias, mientras asigna fondos para retiros voluntarios y sentencias judiciales.
El Gobierno nacional formalizó este lunes una profunda reestructuración del Presupuesto 2026 que consolida un ajuste de proporciones inéditas en áreas sensibles del Estado. Bajo las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la Decisión Administrativa 20/2026 dispuso el recorte de partidas clave en Salud y Educación, la reducción de transferencias a las provincias y, en paralelo, el financiamiento de planes de desvinculación laboral en organismos públicos.
La medida, que ya entró en vigencia, busca «reordenar las cuentas públicas» mediante la baja de créditos presupuestarios en diversas jurisdicciones, afectando programas con alto impacto social y paralizando infraestructura estratégica en todo el territorio nacional.
El área de Salud Pública sufrió una quita de $63.021 millones. El golpe más duro recayó sobre el acceso a medicamentos y tecnología médica ($20.000 millones) y el fortalecimiento de sistemas provinciales ($25.000 millones). Además, se redujeron $5.000 millones en el programa de lucha contra el cáncer, afectando las ayudas sociales para pacientes oncológicos. Organismos como el INCUCAI y el Instituto Malbrán perdieron fondos millonarios, lo que paraliza obras de alta complejidad.
Por su parte, la Secretaría de Educación registró una baja de $78.768 millones. Los puntos críticos incluyen el Plan Nacional de Alfabetización (una poda de más de $35.000 millones), el Fondo de Compensación Salarial Docente (se eliminaron casi $9.000 millones) y las Universidades Nacionales (se frenaron obras de infraestructura por $5.303 millones, afectando a casas de estudio como La Plata, San Martín y Avellaneda). EDUC.AR S.A. perdió transferencias por $48.000 millones.
El ajuste sobre el federalismo es el más cuantioso, superando los $970.000 millones en quitas a provincias y municipios. Esto incluye la eliminación de transferencias directas y la suspensión de obras hídricas vitales, como el Acueducto Vipos en Tucumán y el Sistema de Agua Potable de Concordia. La paralización de la obra pública se profundiza con un recorte de $27.641 millones en saneamiento e infraestructura hídrica.
En contraste con estos recortes, la normativa incorpora partidas específicas para financiar el «Plan de Retiros de Voluntad Recíproca» en la ANSES. Este programa de desvinculación para empleados con más de dos años de antigüedad ofrece indemnizaciones de hasta $80 millones en una cuota y hasta dos cuotas mensuales si superara esta cifra. Asimismo, se incrementó en $500.000 millones el límite para el pago de sentencias judiciales previsionales, elevando el total a $712.288 millones para cubrir juicios de jubilados.
Finalmente, la adecuación presupuestaria alcanza también al Consejo de la Magistratura, organismo clave del Poder Judicial de la Nación, con un incremento de $115.194 millones destinados a gastos en personal y otros $22.000 millones asignados a bienes de uso.
En un nuevo avance del ajuste fiscal encomendado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía reactivaron la «motosierra» sobre las partidas aprobadas del Presupuesto 2026. Esta reestructuración tiene como objetivo central blindar la meta de superávit fiscal comprometida ante el FMI, mediante recortes profundos en diversas áreas.
El ajuste más severo se concentró en el ítem de «Otras Asistencias financieras -servicios económicos-«, bajo la órbita de Obligaciones del Tesoro Nacional, con una quita de $1,47 billones, cifra que guarda relación directa con la reducción de subsidios y la consecuente actualización de las tarifas de servicios públicos.