La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que recurrirá la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que restituyó la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El fallo dejó sin efecto la cautelar que suspendía más de 80 artículos, reabriendo el debate sobre su constitucionalidad.
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que apelará el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que reactivó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La resolución judicial dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido más de 80 artículos de la norma, lo que reabrió el conflicto en torno a su constitucionalidad.
En la conducción de la central sindical señalaron que mantendrán la estrategia de cuestionar el núcleo de la controversia, centrado en la eventual inconstitucionalidad de los artículos incluidos en la denominada “modernización laboral”. El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, confirmó a Clarín que la organización recurrirá el fallo y afirmó: “Este rechazo lo vamos a plantear en la marcha del 30 de abril, en la víspera del Día del Trabajador, cuando reivindicaremos nuestros reclamos y una crítica fuerte a la modernización laboral del Gobierno”.
Este jueves, en el interior de la CGT se realizaron varias reuniones para definir la forma de expresar el rechazo al fallo. Fuentes de la sede de Azopardo indicaron que, más allá de la apelación formal, el objetivo es avanzar sobre el eje sustancial del planteo para demostrar la posible inconstitucionalidad de una porción significativa del articulado de la iniciativa legislativa.
En ese contexto, reconocen que la presentación de un recurso extraordinario por parte del oficialismo ante la Corte Suprema contribuyó a acelerar los tiempos de intervención del tribunal de alzada, lo que explicaría la resolución conocida este jueves. “Igual la Corte va a tardar en expedirse sobre este caso”, sostuvo Rodríguez.
Pese a la defensa del Gobierno, el triunvirato que encabeza la conducción sindical observa con atención los fallos individuales que limitaron la aplicación de determinados artículos de la reforma, entre ellos los vinculados al régimen de indemnizaciones. “Un trabajador de Córdoba logró un fallo a favor porque le querían pagar la indemnización en cuotas y la Justicia le concedió que sea todo junto”, señaló el sindicalista.
La resolución de la Cámara Laboral se dio a conocer durante la Jornada de Proveedores y Mayoristas realizada en el hotel Sheraton de Pilar, donde más de 200 ejecutivos manifestaron su apoyo a la decisión judicial. El encuentro contó con la presencia de la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Carmen Álvarez Rivero, y del subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño.
“Estamos celebrando la entrada en vigencia de la ley porque, a pesar de los intentos de muchos por boicotearla, hemos logrado avances significativos”, expresó el vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), Armando Farina. Entre los ejes destacados mencionó la eliminación de la ultraactividad y de los convenios colectivos vigentes, la preeminencia de acuerdos de menor escala, medidas para reducir la “industria del juicio”, mecanismos como el Banco de Horas y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Durante el encuentro, los empresarios subrayaron la necesidad de avanzar en la reglamentación que habilite la negociación de paritarias por empresa y la participación del sector en las mesas de negociación salarial, con el objetivo de eliminar los llamados “costos ocultos”. Según expusieron, estos conceptos suelen incorporarse bajo la figura de “autobeneficios”, como la Contribución Solidaria al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que recauda más de $30.000 millones anuales y se destina a determinadas cámaras empresarias bajo el argumento de financiar capacitaciones que, en los hechos, no se brindan.