El Gobierno acumula pagos pendientes por $4,04 billones en marzo, un salto del 13,5% interanual, como estrategia para mantener las cuentas en positivo.
Lo que meses atrás parecía una excepción para cumplir con la promesa de sostener el superávit fiscal cada mes, se transformó en un modus operandi oficial. El Gobierno demora cada vez más gastos comprometidos o devoluciones de impuestos para seguir mostrando números positivos. La consecuencia es un crecimiento en la llamada ‘deuda flotante’ del Estado, que surge de la diferencia entre los gastos devengados y los efectivamente pagados.
El mayor salto en lo que va del año se dio en marzo, con un incremento del 13,5% interanual si se ajustan las cifras por estacionalidad. “Si se mira sin estacionalidad, la variación mensual fue del 28,3%”, precisó el analista Salvador Vitelli, de Romano Group, y enfatizó que ese crecimiento se dio por gastos que el Estado efectuó, pero no pagó, para adquirir bienes y servicios, o en transferencias.
Los números oficiales reflejan que marzo cerró con una deuda flotante (pasivos pendientes) por $4,04 billones ($4.044.758,20 millones), cifra que marca un salto frente a los $1,95 billones ($1.950.414,50 millones) de febrero. El salto de $2,1 billones implica “la mayor suba en pesos constantes de la era Milei”, destacaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).
El Gobierno mantiene la meta de superávit fiscal como herramienta para recuperar credibilidad y poder volver a los mercados internacionales de deuda para refinanciar los altos vencimientos de los próximos años, pero hasta aquí no bastó para conseguir ese escenario. En la comparación mes contra mes, sin considerar estacionalidad, los mayores saltos en marzo se dieron en transferencias (casi $700.000 millones) y en bienes y servicios (casi $260.000 millones).
“No se puede afirmar que exista un déficit ajustado, ya que no se conoce la deuda flotante del resto del sector público nacional no financiero, aunque sí podría ser un proxy de un potencial achicamiento del superávit primario base caja. Por ende, el ancla fiscal vuelve a quedar bajo la lupa”, plantearon desde PPI.
En marzo, el ministro Luis Caputo anunció un superávit fiscal primario de $930.284 millones (0,5% del PBI). Según Economía, hubo superávit en los tres primeros meses de 2026, con resultados de 0,3% del PBI en enero y 0,4% en febrero. Sin embargo, en el mes hubo ingresos extraordinarios, como la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue, que aportó $1.043.879 millones (más de US$700 millones).
Al mismo tiempo, la recaudación general registró en marzo su octavo mes consecutivo de caída real, con una baja del 4,5% interanual, afectada por el estancamiento de la actividad, la caída de importaciones y la reducción de retenciones a la soja, trigo y maíz.
“El 74% del superávit primario (incluyendo ingresos por privatizaciones) se explica por el stock de deuda flotante (en enero era 51% y en febrero 43%)”, señaló la consultora Aurum Valores. Según ASAP, la deuda flotante acumulada en el primer trimestre equivale al 9,7% del total devengado, por encima del 7,5% de 2025. Los principales rubros afectados son gastos de capital (41,8% devengado), bienes y servicios (29,8%) y remuneraciones (11,3%).