A casi dos años de su sanción, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ha captado compromisos de capital por esa cifra, aunque aún no se verifica un impacto en la industria local y el empleo. Los sectores de minería y energía concentran la mayor parte de los proyectos.
A casi dos años de su aprobación en el Congreso, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comienza a mostrar resultados concretos en materia de captación de capitales. Según datos de la consultora Paspartú, el régimen ya suma promesas de inversión por un total de US$ 78.000 millones, posicionándose como un pilar de las expectativas de estabilidad económica para el mediano plazo y una potencial fuente de ingreso de divisas en los próximos 5 a 10 años.
El mecanismo, reglamentado en agosto de 2024, busca mejorar la competitividad del país frente a otras economías de la región, como Chile y Perú, y reducir el riesgo financiero y regulatorio para los inversores. Ofrece estabilidad fiscal por 30 años, beneficios aduaneros e impositivos, libre acceso a las divisas generadas y la garantía de poder recurrir a tribunales internacionales ante cambios normativos.
De los US$ 78.000 millones comprometidos, más de US$ 17.600 millones ya cuentan con la aprobación oficial del Ministerio de Economía, mientras que casi US$ 46.000 millones se encuentran en trámite. Otros US$ 14.000 millones corresponden a anuncios que aún no se presentaron formalmente. La distribución total de estas inversiones demandaría entre 15 y 20 años.
No obstante, se destaca que hasta el momento no se verifica un crecimiento de la industria local ni del empleo asociado directamente a los sectores que concentran la mayor cantidad de proyectos y capital: la minería y la energía.
Según los números de Paspartú, al menos US$ 5.600 millones se desembolsarán entre 2025 y 2028. El RIGI está diseñado para proyectos de gran escala, con un umbral mínimo de US$ 200 millones, y su ventana de acceso permanecerá abierta hasta julio de 2027.
Entre las inversiones más significativas ya en marcha se encuentran:
- El proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) del consorcio Southern Energy, por US$ 6.878 millones, que instalará dos barcos en Río Negro.
- El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), por US$ 2.900 millones, para ampliar la capacidad de evacuación de crudo de la cuenca Neuquina.
- El proyecto minero Rincón, de Rio Tinto, en Salta, por US$ 2.744 millones para la producción de litio.
- El proyecto Los Azules, de McEwen Copper, en San Juan, por US$ 2.672 millones para la extracción de cobre.
En la columna de proyectos en trámite, las inversiones prometidas alcanzan al menos el doble de las ya aprobadas. El gobierno proyecta que el régimen permitirá un salto en las exportaciones de energía y minería, aspirando a alcanzar los US$ 60.000 millones anuales a partir de 2030.