En los últimos días, tres hechos judiciales distintos han puesto el foco sobre la Asociación del Fútbol Argentino: allanamientos en clubes por contratos con Sur Finanzas, un pedido fiscal para endurecer la acusación contra dirigentes y la renuncia de un veedor del Ministerio de Justicia.
La situación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se ha complejizado en los últimos días con el desarrollo paralelo de tres líneas de investigación. Estos hechos, aunque responden a causas distintas, proyectan su impacto sobre la estructura de poder del fútbol argentino.
La medida más resonante fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien dispuso allanamientos en 15 clubes para recabar documentación vinculada a los contratos firmados con la financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo. Los operativos alcanzaron a instituciones como San Lorenzo, Racing, Independiente, Argentinos Juniors y Platense, entre otras. La fiscalía solicitó actas de comisión directiva, contratos de sponsoreo, libros contables y toda documentación que permita reconstruir la relación entre los clubes y la empresa. El objetivo central de la investigación es determinar si detrás de estos vínculos comerciales existió un esquema de lavado de dinero y asociación ilícita, analizando si los fondos ingresaron efectivamente al patrimonio de las instituciones.
En paralelo, en el fuero penal económico, el fiscal Claudio Navas Rial solicitó agravar la acusación contra el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, entre otros dirigentes, en la causa por retención y omisión de depósito de impuestos por más de $19.000 millones. El fiscal argumenta que el juez Diego Amarante recortó indebidamente la acusación al excluir un componente clave relacionado con las retenciones por publicidad en los torneos. Con este pedido, también se busca elevar los embargos fijados en $350 millones para los acusados.
Por otro lado, se produjo la renuncia de uno de los veedores que el Ministerio de Justicia había designado para supervisar la AFA, un hecho que se suma al contexto de creciente escrutinio sobre el organismo.
Estos capítulos judiciales, cada uno con su propia dinámica, componen un escenario donde la AFA ya no enfrenta solo cuestionamientos políticos o administrativos, sino una acumulación de expedientes y medidas de prueba que involucran directamente su conducción, sus vínculos financieros y su sistema de administración.