El país trasandino inicia un nuevo gobierno en un contexto de transformaciones políticas, manteniendo indicadores positivos en gobernanza y economía, aunque enfrenta desafíos en estabilidad fiscal y confianza institucional.
Chile comienza un nuevo período de gobierno que marca un giro significativo respecto a la administración anterior. En los últimos años, el electorado chileno ha mostrado oscilaciones entre distintas posiciones políticas, con una pérdida de fuerza de los partidos de centro que lideraron la transición democrática y el surgimiento de movimientos más alejados del centro en ambos lados del espectro.
A pesar de estos cambios, que incluyeron el estallido social de fines de 2019, Chile se mantiene en posiciones destacadas en el Índice de Transformación Bertelsmann (BTI), que evalúa la transición hacia la democracia y la economía de mercado en 137 países. En la edición 2026, Chile ocupa el puesto 5 en transformación política, el 11 en transformación económica y el 6 en calidad de gobernanza.
Parte de estos resultados se explican porque el entorno político e institucional ha limitado la aplicación de políticas rupturistas. Ejemplos de esto son el acuerdo para discutir una nueva constitución tras la crisis de 2019 y la evolución del gobierno del presidente Gabriel Boric, que concluyó recientemente.
Boric llegó al poder con una coalición de izquierda que incluyó al Partido Comunista y partidos de centro izquierda. En 2021, la Convención Constituyente, dominada por la izquierda, elaboró una propuesta que buscaba reformar profundamente la economía y la organización política del país, pero fue rechazada en referéndum por dos tercios de los votantes. Tras esto, el gobierno moderó su rumbo, incorporando a figuras de la centro izquierda tradicional.
Un segundo proceso constituyente, controlado por el partido Republicano de derecha, también generó una propuesta que fue rechazada en las urnas. Así, Chile continúa funcionando con la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura pero reformada en democracia, especialmente durante el gobierno de Ricardo Lagos.
En las últimas elecciones presidenciales, los candidatos que pasaron a segunda vuelta provenían de movimientos alejados del centro, pero adoptaron discursos moderados durante la campaña.
Sin embargo, la evolución política ha generado alertas sobre la calidad institucional. La reforma política de 2015, si bien aumentó la representatividad, fomentó una mayor fragmentación partidaria, dificultando la gobernabilidad. En el plano económico, el equilibrio fiscal, clave de la estabilidad chilena, se ha visto afectado primero por la pandemia y luego por el incumplimiento de metas de déficit en la última década, agudizándose durante el gobierno de Boric. La deuda pública ronda el 42% del PIB, acercándose al 45% considerado límite prudencial.
En cuanto a la corrupción, Chile se mantiene por debajo de los niveles de otros países de la región, pero escándalos recientes en el gobierno y el poder judicial han afectado la confianza ciudadana en las instituciones y en el valor de la democracia. Este contexto también ha dado espacio a propuestas políticas con rasgos populistas.