Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad realizó una reestructuración en la Policía Federal. El decreto le facilitaría a la Federal la investigación en redes sociales y la realización de requisas sin necesidad de una orden judicial. Estos cambios se dan en medio de un contexto donde un importante nivel de reclamos se viene expresando en las calles.
Patricia Bullrich pisó el acelerador y busca profundizar el carácter autoritario de este gobierno. Por medio del Decreto 383/2025, publicado esta mañana en el Boletín Oficial, la responsable de la cartera de Seguridad dispuso importantes cambios en el accionar de la Policía Federal. Amparándose en su misión de “prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos”, Bullrich otorga un nivel de discrecionalidad inédito a esta fuerza, la cual tendrá permitido, sin necesidad de una orden judicial, la puesta en marcha del ciberpatrullaje y la realización de requisas.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, también buscará equipararse a los métodos y prácticas del FBI, como lo asegura este párrafo de la publicación: “Que la citada práctica es común en policías de investigación de otros países, y en algunos casos es un requisito excluyente, como por ejemplo en el ‘Federal Bureau of Investigation’ (FBI) de los Estados Unidos de América”.
El ciberpatrullaje
Con los cambios realizados por la ministra en el estatuto de la Policía Federal Argentina, dentro de sus nuevas funciones y atribuciones, el ciberpatrullaje queda habilitado sin necesidad de una autorización judicial.
Las modificaciones no solo quedan ahí, sino que también se le da luz verde al espionaje deliberado contra cualquier persona que pueda ser considerada como un actor capaz de realizar delitos en espacios digitales.
Según el anexo que acompaña al decreto, la Policía podría: “Tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal. A su vez, podrá solicitar el acceso a bases privadas. En ambos casos, deberán cumplir con la normativa de protección de datos personales”.
Y posteriormente, se confirma la discrecionalidad dada al accionar de esta fuerza: “Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente”.
Las requisas
El nivel de delirio reaccionario propuesto por Bullrich, además del ciberpatrullaje, incluye la posibilidad de realizar requisas sin necesidad de autorización judicial. Tanto el espionaje digital como la habilitación de estos controles quedan sujetos al criterio del propio gobierno.
Según lo publicado, ahora la Federal podrá: “Realizar requisas personales con orden judicial, conforme con lo establecido por la normativa procesal y demás legislación vigente. Sin dicha orden, podrá hacerlo respecto de personas, inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase”.
Para este último caso, el criterio para habilitar una requisa sin orden estará dado por los siguientes escenarios:
- “Que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito”.
- “Que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar”.
- “Que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”.
- “En los demás casos que prevea la legislación vigente”.
Una ruta autoritaria a vencer
Esta lista de criterios, totalmente arbitrarios, junto con la habilitación del espionaje digital, le otorga una cantidad peligrosa de atribuciones a una fuerza que, durante el último período, se ha encargado de demostrar un alto nivel de represión.
No es casual la elección del momento en que se publica este decreto de necesidad y urgencia. En los últimos meses, el gobierno libertario ha intentado avanzar en materia represiva para frenar las movilizaciones que se desarrollan en las calles. La lucha de los jubilados, durante todos los miércoles, es un caso testigo de cómo el gobierno quiere que las fuerzas federales actúen. Claro que la concatenación de otras luchas y reclamos, como sucedió el pasado miércoles, cuando se unieron a los jubilados la lucha del Garrahan y otros sectores, hizo que el accionar represivo se viera limitado.
El decreto también aparece al mismo tiempo que el fallo proscriptivo contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un episodio donde la justicia, totalmente viciada por una parte del poder, decidió, de manera escandalosa, atacar libertades democráticas.
El ataque a los derechos de los trabajadores y a las libertades democráticas se ha venido cultivando desde el primer momento en que Milei y su equipo llegaron al poder. Este avance represivo queda plasmado en un decreto autoritario que forma parte de un plan de inteligencia conocido recientemente gracias a algunas investigaciones periodísticas, como es el caso del Plan de Inteligencia Nacional 2025. En los trabajos de Alconada Mon[i] y el realizado por la Revista Crisis[ii], quedó retratada la estrategia represiva del gobierno.
La preservación de su alianza estratégica con Estados Unidos e Israel, junto con el desarrollo de la matriz económica y productiva impulsada por el gobierno de Milei, son dos de los ejes que, en caso de verse amenazados, llevarían al gobierno a activar la persecución, el espionaje y la represión contra cualquier persona u organización que pueda considerarse sospechosa.
Frente a esta avanzada autoritaria y represiva, la máxima unidad en las calles, donde se logre unir todas las luchas —tanto salariales como laborales, y las relacionadas con la defensa de las libertades democráticas— puede frenar cualquier intento de este tipo de avance. Como ha quedado registrado, la masividad es una herramienta fundamental para, al menos, neutralizar el accionar represivo. Un paro general convocado por las centrales sindicales, junto con la elaboración de un plan de lucha que incluya todos los reclamos, puede terminar no solo con este tipo de decretos, sino también con este gobierno ajustador, represor y autoritario.
[i] https://www.lanacion.com.ar/politica/la-side-pone-la-mira-en-quienes-manipulen-la-opinion-publica-o-erosionen-la-confianza-en-los-nid25052025/
[ii] https://informes.revistacrisis.com.ar/controlar-al-pueblo-para-entregar-la-patria/