Manuel García-Mansilla atraviesa las horas más críticas como ministro de la Corte Suprema, y probablemente tenga que esperar hasta el próximo jueves. Dentro de seis días el Máximo Tribunal realizará su próxima reunión de acuerdos. No será para definir una posición ante el rechazo de su pliego por parte del Senado, sino por la medida cautelar que le prohíbe firmar cualquier resolución judicial o administrativa del Máximo Tribunal.
Diversos sectores de la Justicia le hacen ver al académico que la renuncia es lo más sensato e idóneo, más allá de recordarle que fue él mismo, quien dijo que no asumiría en la Corte si era designado por decreto. Sin embargo, en la Casa de Gobierno opinan que debe seguir en el cargo sin importarle lo que digan u opinen los demás.
García-Mansilla prepara una nota que elevaría en las próximas horas a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El contenido que le mencionó a su círculo más íntimo sigue siendo la incógnita que se revelará en las próximas horas, pero puede plantear dos escenarios: la consulta para saber cómo seguir o directamente el de la dimisión.
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A todo esto surge el interrogante. ¿Por qué tendría que preguntarle a los ministros qué hacer? Todos los pasos para su nombramiento cumplieron con lo normativo y hasta ahora no estuvo en tela de juicio la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto o de su posterior jura.
El peso que ahora carga García-Mansilla viene de una medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien le ordenó que prácticamente se abstenga de tomar cualquier decisión como cortesano. Lo llamativo es que en el cuarto piso del Palacio de la calle Talcahuano, donde funciona la Corte, aún no fueron notificados de esa resolución.
Sobre la cautelar es altamente probable que García-Mansilla la apelará con diversos argumentos. El primero, es que “un juez no puede sacar a otro juez”. La contundente definición proviene del escrito que presentó en la vista que le confirió Ramos Padilla en el amparo colectivo.
García-Mansilla se escuda en su jura como ministro. Se ampara en la Constitución Nacional para asegurar que se encuentra alcanzado por las garantías del artículo 110. Sostiene que mientras dure su nombramiento en comisión solo puede ser removido mediante un juicio político que deberá impulsar el Poder Legislativo. Ahí radica uno de los puntos de discusión, porque el Senado rechazó su pliego.
Otras de las razones que puede argumentar el académico en su eventual impugnación ante la Cámara Federal de La Plata es que Ramos Padilla “no tiene jurisdicción para entender en la causa”. Éste también puede ser otro punto de discusión, pues está facultado por ser magistrado en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal, sin embargo el cuestionamiento puede ir por lo territorial, porque tanto la firma del decreto de Milei como la jura de García-Mansilla se llevaron adelante en la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, desde el Gobierno dejaron entrever que respaldarán a García-Mansilla objetando la resolución de Ramos Padilla incluyendo un pedido de “per saltum” para que sea la Corte quien tenga que resolver. A partir de ahí la judicialización del decreto de nombramiento del académico tomaría otra forma pues de llegar al Máximo Tribunal, inevitablemente tendría que apartarse de intervenir, más allá de que la cautelar se lo prohíba. El triunvirato Rosatti-Rosenkrantz-Lorenzetti y eventualmente un conjuez sorteado podrían fijar la última palabra.
Sin embargo Lorenzetti dio señales de que en una eventual votación, opinión o consulta no viraría su timón para el lado de García-Masilla tras sostener que él no habría optado por estar en la Corte si hubiera sido designado como el jurista. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, dijo este viernes, pocas horas después de la sesión del Senado.
A pesar de la frase que lanzó Lorenzetti, el académico por ahora sigue ocupando una de las cinco sillas del Máximo Tribunal, aunque es evidente que tiene los días contados, pues su vigencia como cortesano caduca el 30 de noviembre de este año. Y acá surge la disyuntiva: si luego del rechazo de su pliego, su actual magistratura es ilegítima para el Senado, ahora viene otra etapa. Quedará saber si es inconstitucional, y eso es lo que quiere develar el juez Ramos Padilla, quien advirtió que en un plazo de tres meses puede disipar ese interrogante jurídico al resolver el fondo de la cuestión.
Francos tendrá el 16 su primer round en Diputados
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará dentro de dos semanas en Diputados para brindar informes sobre la gestión del Gobierno. Será su primera comparecencia en la Cámara Baja para cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional, que obliga al ministro- Coordinador a asistir cada dos meses a una de los recintos del Congreso para informar sobre la marcha del Ejecutivo.
La fecha elegida es el miércoles 16 de abril y la decisión se conoció este viernes, un día después del pedido de sesión que presentaron los bloques de Unión por la Patria, Democracia por Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica para tratar la creación de una Comisión Investigadora del escándalo desatado por la criptomoneda $Libra y una batería de interpelaciones contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y otros funcionarios, entre ellos, el propio Francos. Para contener la ofensiva opositora, el oficialismo había propuesto adelantar la visita del jefe de Gabinete para diluir la ofensiva.
Hace dos semanas se concretó el primer intento para evitar que avancen los debates en comisiones, pero la oposición no lo aceptó. Ahora, el intento está concentrado en restarle quórum a la sesion solicitada para el próximo miercoles 8.