La Ley de Defensa de la Competencia en Argentina (Ley N.º 25.156) establece regulaciones para evitar la formación de monopolios y garantizar una competencia justa en los mercados. Una de sus disposiciones más relevantes es la obligación de notificar las concentraciones económicas que otorguen a una empresa el control de una porción significativa del mercado. En términos generales, cualquier operación que implique una participación igual o superior al 25% del mercado relevante debe ser revisada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), el organismo encargado de evaluar y dictaminar sobre la legalidad de la transacción.
En el caso específico de la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, empresa controlada por el Grupo Clarín, surgen interrogantes sobre los límites impuestos por la ley. Según estimaciones del sector, la transacción podría significar que Telecom pase a controlar cerca del 70% del mercado de telecomunicaciones en Argentina, incluyendo servicios de telefonía móvil, internet y televisión por cable. Dado que la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe operaciones que puedan restringir o distorsionar la competencia, este nivel de concentración genera preocupación tanto en el gobierno como en organismos reguladores.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la CNDC tienen la responsabilidad de analizar el impacto de la compra. Si bien la normativa permite la realización de adquisiciones en el sector, establece que estas no deben generar posiciones dominantes que afecten la competencia en perjuicio de los consumidores. La ley define que se considera posición dominante cuando una empresa tiene la capacidad de fijar precios o restringir la oferta sin que sus competidores puedan contrarrestar su poder de mercado. En este sentido, la eventual concentración de Telefónica y Telecom podría ser considerada contraria a la normativa si se determina que impide una competencia efectiva.
Históricamente, en Argentina se han aplicado restricciones a fusiones y adquisiciones en el sector de las telecomunicaciones para evitar situaciones de monopolio u oligopolio. Un antecedente clave fue la fusión de Cablevisión y Telecom en 2018, que ya había generado un alto grado de concentración en el mercado. En ese momento, las autoridades impusieron una serie de condiciones para mitigar el impacto de la fusión, incluyendo la obligación de desinvertir en ciertos segmentos del negocio para mantener la competencia. Si bien la CNDC autorizó la operación, dejó en claro que cualquier otra fusión de gran escala en el sector sería analizada con mayor rigor.
En este contexto, el gobierno de Javier Milei ha manifestado su intención de evaluar detenidamente la operación entre Telefónica y Telecom. Según declaraciones de funcionarios del Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio, la administración considera que una concentración de este tipo podría afectar la libre competencia y perjudicar a los consumidores a través de un menor nivel de innovación, precios más altos y una menor calidad de servicio.
En caso de que la CNDC y ENACOM determinen que la compra de Telefónica por parte de Telecom vulnera la normativa antimonopolio, existen diferentes medidas que podrían aplicarse. Una de ellas es la imposición de condiciones específicas para la aprobación de la operación, como la obligación de Telecom de vender parte de sus activos a otros competidores para evitar una concentración excesiva del mercado. Otra opción sería la prohibición total de la transacción, lo que obligaría a Telefónica a buscar otro comprador o a reestructurar su presencia en Argentina de manera diferente.
La regulación antimonopolio en Argentina también prevé sanciones para las empresas que realicen concentraciones sin la debida autorización o que incurran en prácticas anticompetitivas. En caso de que una empresa incumpla las disposiciones de la ley, puede ser sancionada con multas significativas, además de ser obligada a deshacer la transacción o a tomar medidas correctivas. Esto genera un marco de incertidumbre sobre el desenlace de la compra de Telefónica por parte de Telecom, ya que aún no está claro si la operación podrá concretarse sin restricciones.
El análisis de esta transacción se da en un contexto de transformación en el mercado de telecomunicaciones en América Latina, donde diversas empresas han optado por vender activos en la región debido a desafíos económicos y regulatorios. Telefónica ha estado reduciendo su presencia en varios países latinoamericanos, y la venta de su filial argentina forma parte de esta estrategia de desinversión. Sin embargo, la posibilidad de que Telecom, controlada por el Grupo Clarín, adquiera estos activos plantea desafíos regulatorios que podrían derivar en un extenso proceso de revisión y negociación con las autoridades argentinas.
por R.N.