Hace pocas horas, una nota de prensa informaba que, un abogado que representa a unas 250 personas en el tema vinculado a Conexión ganadera, manifestó que «El Estado ha intervenido muchas veces en situaciones mucho menos graves, mucho menos significativas a nivel crisis país, ¿por qué no lo puede hacer en este caso?», sosteniendo que el Estado «tiene que intervenir» y «salvar» a las familias que sufren «las pérdidas de una mala gestión», agregando que la «solución» tendrían que venir «quizá con capitales del Estado».
Por su parte, en relación a este tema el presidente electo, en la red social X, manifestó que “tenemos que impedir que vuelva a pasar. Por la economía y por los orientales honestos”, insinuando la idea de intervenir sin especificar de qué manera.
| Redacción
Es realmente notable como a esta altura del partido haya quienes persistan con la trasnochada idea, que los aparatos estatales intervengan para salvar empresas ya sean públicas o privadas, da lo mismo, sin advertir que lo único que se hace con ello es arrancar por la fuerza el fruto del trabajo de la gente, para salvar a unos pocos. Porque nada es gratis y los reyes mayos no existen, alguien siempre paga la cuenta.
Que quede claro, ni en este caso, ni con las mutualistas, ni con ANCAP, ni con nadie, el estado debe intervenir obligando a terceros a pagar las malas decisiones de otros. Recordemos que el pasado mes de agosto por unanimidad, el parlamento aprobó un proyecto de ley que propone crear un fondo de garantía de 56 millones de dólares para el CASMU, con el objetivo de realizar una reestructuración del pasivo.
Pero el punto es que, pedir y avalar ello, esto es, la intervención del estado para efectuar este o cualquier otro salvataje, es pedir un asalto a mano armada. Pero como saben que ello obviamente está penado por la ley, recurren a la pantalla del salvataje estatal, para que el aparato del uso de la fuerza actúe por ellos, embromándole la vida al resto de la población.
El caso objeto de esta nota, es un problema entre privados y entre privados debe arreglarse o en su defecto con intervención de la justicia civil y eventualmente penal.
En una sociedad abierta, en un orden liberal (no en este esperpento intervencionista que vivimos en Uruguay) quien da en la tecla de las preferencias de la gente, está muy bien que tenga ganancias y quien le erra con malas decisiones, también está bien que incurra en quebrantos. Y, si en el proceso hubo incumplimientos o algún delito, deberá dirimirse por la vía antedicha de la justicia. El estado, es decir los políticos, nada tiene que hacer en situaciones como la de Conexión Ganadera o cualquier otra. Fin de la cuestión.
Claramente estas afirmaciones son políticamente incorrectas. No importa. Deben decirse. Decir lo correcto, lo que está bien, muchas veces no es el camino más fácil. En el caso, los liberales de verdad (no los oportunistas de ahora que se visten con ropas ajenas, escondiendo su verdadera esencia intervencionista) hemos defendido desde siempre restringir las ayudas públicas con plata ajena. Esto claramente para un político intervencionista es muy frustrante, pero es fundamental para defender el dinero de los que pagan impuestos, para que no sigan siendo los nabos de siempre.
Porque se si arranca con el socorro o rescate de uno, no hay límite después y con ese criterio, cualquier emprendedor tendrá derecho a exigir que sus malas decisiones sean absorbidas por el resto de sus conciudadanos, vía decisiones políticas. Acaso sea oportuno recordar las advertencias de Herbert Spencer hace más de un siglo: “La función del liberalismo en el pasado fue la de poner límites a los poderes de los reyes. La función del verdadero liberalismo en el futuro será la de establecer límites a los poderes del Parlamento”.
La sugerencia o propuesta en cuestión, es riesgosa, porque nadie rescata a los pagadores de impuestos y porque además abre las compuertas de par en par, a que políticos demagogos aprovechen la ocasión para justificar el intervencionismo, esa máquina inagotable de generación de miseria y pobreza, aumentando el gasto público, expandiendo el estado a costillas de Juan Pueblo.
Intervenir y rescatar empresas en aprietos o directamente inviables, es un gran error, siendo el remedio peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque se mal asignan recursos (que sabido es, son escasos) mandando señales equívocas al sistema de precios, distorsionando la realidad, lo cual lleva a que haya consumo de capital y a la postre, menor inversión, con la consecuente pérdida de empleos y caída del salario. En otros términos: es clave que las ganancias y pérdidas de cualquier empresa, grande o chica, se vean reflejadas, porque eso indicará hacia donde deben direccionarse los recursos y ver hacia donde se dirigen las preferencias de la gente. El sistema de precios que surge de los intercambios libres de propiedad entre la gente, es el único indicador sano, que permite orientar de mejor modo los siempre escasos recursos. Todo esto, en un contexto de mercados abiertos y no de amigotes del poder cazando privilegios.
El intervencionismo no es la solución, es el problema.
Solo queda entonces, el camino de difundir de la manera más clara posible los valores y principios de una sociedad abierta, basada en el respeto hacia el otro. Sería útil en este tema, así como en otros (el Profesor Benegas Lynch lo recomienda para el sistema de reparto en las jubilaciones, por ejemplo), hacer explícito lo que está implícito, esto es, decirle a cada uno de los orientales cuanto le va a costar salvar una empresa que no le pertenece y en la que no tomó ninguna decisión. Tomemos el ejemplo de la nefasta e imperdonable capitalización de ANCAP la que le costó a los pagadores de impuestos (es decir a cada uno de los uruguayos porque todos pagamos impuestos, aun quienes no trabajan o lo hacen informalmente) 800 millones de dólares. Si dividimos esa suma entre tres millones de habitantes, cada oriental debió asumir la suma de U$S 266 aproximadamente. Pero si la cuenta la hacemos tomando la fotografía de la población económicamente activa del Uruguay, el monto se duplica a groso modo. Pero además, agreguemos que previamente existió una pérdida de 2.000 millones, que también fue absorbida por la gente. En suma, estamos hablando que cada uno de nosotros asumió por la fuerza, un aproximado de mil dólares para pagar las malas decisiones de ineptos y de corruptos. Y la lista por supuesto que no termina ahí. Tómese un segundo y haga la cuenta por favor.
Hay que tener el valor de decir las cosas claras y por su nombre, aun cuando ello lleve en principio a la incomprensión de la masa.
Como sostuviera Henry Hazzlit, “Estamos recibiendo varios acosos y molestias, pero lo que principalmente arriesgamos es simplemente nuestra popularidad, el peligro de que nos llamen con nombres desagradables. Tenemos el deber de hablar con más claridad y valentía, de trabajar duro y de seguir luchando esta batalla mientras tengamos la fuerza en nuestras manos (…) Los tiempos exigen valor. Los tiempos exigen trabajo duro. Pero, si las demandas son altas, es porque lo que está en juego es aún mayor. Son nada menos que el futuro de la libertad, que significa el futuro de la civilización”.
Que así sea.