Luego de haber fracasado en el primer intento por concretar lo que debe ser la primera privatización de una empresa estatal en la era Milei, ahora el Gobierno busca contrarreloj que esa operación se cierre antes de que finalice el 2024.
Se trata del traspaso de la metalúrgica mendocina IMPSA a manos de un grupo inversor de capitales venezolanos y norteamericanos, que ofreció comprar la mayoría del paquete accionario de la empresa que se encuentra en manos del Estado Nacional y de la provincia de Mendoza.
Actualmente, el 63,7% de las acciones de IMPSA están en manos estatales a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, y otro 21,2% lo posee la administración mendocina.
El 15,1% restante se distribuye en un 9,8% para el fondo de capital controlado por los acreedores de la compañía y el 5,3% restante para el fideicomiso de capital controlado por los Pescarmona, anteriores propietarios y fundadores de la compañía.
Un solo interesado en comprar IMPSA
En noviembre pasado, y luego de haber finalizado el plazo del proceso licitatorio abierto por la Nación para privatizar la compañía, ARC Energy presentó la única oferta para comprar la metalúrgica, ya que el resto de los inversores potenciales que habían mostrado interés por la empresa desistieron de participar.
Ofreció inyectar alrededor de u$s27 millones como capital de trabajo, cifra que se acerca a lo que el Estado Nacional y Mendoza pagaron para ingresar en el 2021 a IMPSA como parte del plan del anterior gobierno de Alberto Fernández para estatizar la metalúrgica y pasar a tomar su control accionario.
Si bien en un primer momento, la administración libertaria aceptó la propuesta de ARC Energy luego le pidió a los ejecutivos de este grupo una mejora de las condiciones de compra.
Ese proceso venció el viernes 20 de diciembre pasado, cuando los supuestos compradores presentaron la documentación correspondiente a la nueva oferta que ahora está en poder de funcionarios del Ministerio de Economía para ser analizada.
Nueva oferta: ¿primera privatización de Javier Milei?
En este marco, el gobierno nacional tiene cinco días hábiles para estudiar la nueva oferta y definir si la acepta o la vuelve a rechazar con el correspondiente peligro de empujar a IMPSA a la quiebra, con una millonaria deuda que supera los u$s550 millones.
Como parte del plan «reformulado» desde ARC Energy mantuvieron el monto inicial para capitalizar IMPSA con u$s27 millones a través de Industrial Acquisitions Fund (IAF), un fondo de inversión de origen norteamericano – donde también participan capitales venezolanos-, que permitirá desarrollar las actividades de IMPSA de manera sostenida a lo largo de 2025.
Como segunda propuesta, el grupo extranjero propone eliminar los reclamos relacionados con las importaciones temporales, tema vinculado a compromisos impositivos pendientes de pago por turbinas que la empresa mendocina debía enviar a Venezuela, y nunca lo hizo.
La tercera oferta tiene que ver con el proceso de renegociación de los contratos que IMPSA debe encarar para poder mejorar su perfil operativo.
En este caso, los ejecutivos de ARC Energy prometieron acompañar las negociaciones con los clientes de proyectos actuales durante la transición para asegurar una toma de posesión ordenada y efectiva.
IMPSA: la prioridad será ordenar la deuda
Pero el tema más conflictivo y que seguramente definirá la postura del Estado Nacional a la hora de aceptar o rechazar la propuesta se vincula al proceso de reestructuración de la deuda de IMPSA.
Desde el grupo extranjero no se animaron a definir una estrategia clara en ese sentido, ya que solamente se centraron en asegurar que desembarcará en IMPSA a mediados de febrero del año próximo si es que avanza lo que se llama «reestructuración positiva» de los u$s550 millones que la compañía debe renegociar.
Tras analizar las nuevas condiciones, el Gobierno nacional se tomará cinco días hábiles para responder si finalmente se concreta la primera privatización de la administración libertaria. Es decir, recién para fines de diciembre o principios de enero del 2025 habrá una definición.
La fecha no cumple con el cronograma inicial que habían fijado desde la Casa Rosada que había establecido el 10 de diciembre pasado para la firma del contrato con Energy.
El plan del nuevo inversor para IMPSA en 2025
Fuentes cercanas al grupo inversor que es parte del fondo Industrial Acquisition Find (IAF), se manifiestan confiados en que la segunda propuesta que acercaron llene los reclamos del Gobierno y puedan finalmente tomar el control de IMPSA para iniciar, cuanto antes, el traspaso accionario y poner en marcha el plan inicial de negocios y capitalización de la empresa.
Si finalmente ARC Energy convence al Gobierno nacional con su nueva oferta, comenzará un proceso basado en aprovechar el potencial de la empresa como referente en América Latina, que cuenta con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial.
A esto se suma el expertise para la producción de turbinas para centrales hidroeléctricas y la construcción de elementos para reactores nucleares, equipos para la industria del petróleo y para la prestación de servicios de alta exigencia para el mantenimiento de esas tecnologías.
En la actualidad, la ex empresa de los Pescarmona se encuentra con un patrimonio neto negativo tal como surge de analizar un documento enviado por el Directorio de IMPSA a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el que su responsable de relaciones con el mercado admite que, tal como se observa de los estados financieros de los primeros nueve meses del año «la Sociedad resulta encuadrada dentro de las disposiciones del artículo 94, inciso 5º, de la Ley General de Sociedades N.º 19.550».
Es decir, le corresponden las generales de la norma en cuanto a su disolución, ya que una de las causas de esta posibilidad es la de sufrir la pérdida del capital social.
En el informe, sus ejecutivos destacan que su patrimonio neto al 31 de diciembre de 2023 fue de $37.640.751.000, mientras que al 30 de septiembre pasado se derrumbó a $18.993.803.000.
Agregan que la pérdida del ejercicio, que se elevó a $56.634 millones, fue consecuencia de los costos financieros que llegaron a $22.984 millones, y al impacto del impuesto a las Ganancias determinado por el método del impuesto diferido y la provisión de impuesto a las ganancias del período, que totalizó $36.677 millones.