Una fuga masiva de detenidos sacudió la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió en la alcaidía de la policía porteña ubicada en Barracas, cercana a Villa Zabaleta. Un total de 11 reclusos lograron escapar durante un corte de electricidad que dejó el predio a oscuras, permitiéndoles burlar el sistema de seguridad y escapar por el techo de la comisaría a través de una claraboya.
Si bien el hecho ocurrió el pasado domingo 11 de noviembre, trascendió en las últimas horas de la mano de la revelación de las identidades del grupo de detenidos de diversas nacionalidades, de los que dos fueron recapturados. Mientras continúa la búsqueda de los restantes, cuatro policías fueron sumariados por el hecho que puso en vilo a la gestión de Jorge Macri, cuestionada por las condiciones carcelarias de su jurisdicción.
La situación, en tanto, desató la preocupación ciudadana ya que muchos de los prófugos estaban bajo prisión preventiva o cumplían condenas por delitos de robo a mano armada y hurto; mientras que su permanencia en la Alcaidía 4 Bis, ubicada en el mismo predio que la Comisaría 4D del barrio del sur porteño, se extendía desde febrero de 2024.
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Entre los fugados se encuentran nombres con antecedentes criminales significativos. Uno de los principales implicados es Jairo Abel Gamarra Canaval, un hombre de 30 años oriundo de Villa Zavaleta, quien había sido detenido en abril de este año por un robo a mano armada.
Otro de los evadidos, Nicolás Ezequiel Pacheco, también de 30 años, tenía un historial delictivo por varios intentos de hurto, con un prontuario de delitos menores. Pacheco había sido condenado a prisión por un intento de robo en 2020 y estaba recluido en la alcaidía desde febrero de este año. Había entrado a robar a un predio de AySA e intentó llevarse dos tapas de inodoro, cestos de basura y cables. La Sala II de la Cámara lo declaró reincidente, ya que tenía una condena previa.
La lista sigue con Néstor Iván Benítez, de 33 años. Con domicilio en Parque Chacabuco, fue condenado en una causa por robo. Ingresó a la sede policial el 23 de noviembre pasado, tras ser detenido a fines de agosto y debía cumplir una condena de seis meses dictada por el Tribunal N°28.
Benítez es uno de los que fueron recapturados tras la fuga. Había tenido un pedido de captura en su contra en 2017, por una causa iniciada ese año por el Juzgado N°55. No había registrado visitas ni llamadas de familiares o amigos en el lugar.
Además, el grupo de fugitivos incluye a Brian Placencia, de 33 años y de nacionalidad peruana, detenido por un robo agravado en febrero. También a Mario Ernesto Birraglia, un hombre de 52 años de Quilmes, quien había sido detenido por robo agravado en noviembre de 2024. Birraglia es el segundo recapturado.
Franco Emanuel Vega, de 23 años, y otros tres fugitivos cuya nacionalidad no fue confirmada por las autoridades, completan la lista de los 11 internos que se dieron a la fuga el domingo. De acuerdo con fuentes policiales, el listado completo de los fugados incluye también a D.S., de origen chileno; H.Q., nacido en Perú; N.V.; J.A., de nacionalidad boliviana; y A.S., cuyos datos adicionales aún no fueron difundidos.
Tras la fuga, las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Waldo Wolff, decidieron ir contra cuatro oficiales de policía en su búsqueda de responsables. Les iniciaron un sumario administrativo, lo que sugiere posibles fallos en la vigilancia y la gestión de la dependencia policial. Aunque la versión oficial aún está siendo investigada, los primeros datos apuntan a que el corte de luz podría haber sido un factor clave en la fuga de los detenidos.
La crisis en las cárceles porteñas
Este incidente ocurre en un contexto de creciente tensión respecto a las condiciones carcelarias en la Ciudad de Buenos Aires. La infraestructura de las comisarías y alcaidías porteñas no está diseñada para alojar a reclusos por períodos prolongados. En el caso de la Alcaidía 4 Bis, donde ocurrió el hecho, el espacio está destinado al alojamiento transitorio de detenidos durante un máximo de 72 horas.
Por otro lado, la fuga de detenidos ocurrió apenas días después de que Jorge Macri anunciara un acuerdo con el Gobierno nacional para traspasar el control del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el ámbito porteño, en el que la cárcel de Devoto jugará un papel clave. Este acuerdo se da en medio de la creciente preocupación por la superpoblación en las comisarías y alcaidías de la policía porteña.
En la actualidad, más de dos mil personas se encuentran detenidas en las comisarías porteñas, el doble de la capacidad que el sistema penitenciario tiene habilitada para alojar internos. Según las autoridades, estas instalaciones no cuentan con la infraestructura adecuada para alojar a los reclusos de manera segura ni para ofrecer condiciones mínimas de bienestar, lo que genera una sobrecarga en el sistema y aumenta el riesgo de incidentes como fugas masivas.
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De hecho, este es el segundo escape de grandes proporciones en menos de un mes. A principios de noviembre, cuatro detenidos se fugaron desde el anexo de la Alcaidía 4, ubicada en el barrio de Nueva Pompeya. En agosto de este año, otros dos detenidos lograron evadir la custodia en la comisaría 12C de Villa Urquiza, utilizando herramientas para limar los barrotes y escapar por una ventana.
Estos hechos se sumaron a las tres fugas masivas de detenidos en comisarías porteñas de principio de año, un hecho que las autoridades porteñas indicaron que se debió a la superpoblación de sus cárceles y la incapacidad del SPF para recibir a detenidos con condenas firmes.
El Gobierno prorrogó la «emergencia penitenciaria»
En ese contexto, el Gobierno nacional prorrogó por dos años la emergencia penitenciaria, según consta en la Resolución 254/2024 del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. La normativa confirmó que la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria —el organismo que coordina las dependencias estatales sobre asuntos penitenciarios— seguirá activa, pero bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios.
En esa línea, se le dio la orden de trabajar en «la elaboración y estudio de propuestas de reformas u otras políticas públicas que permitan resolver la situación de emergencia», por lo cual también se determinó ampliar la cantidad de miembros de ese comité para hacer más rápidos los tiempos laborales y avanzar en una temática que lleva años sin encontrar respuesta.
A lo largo del texto, la cartera de Seguridad advirtió que «las circunstancias objetivas que motivaron la declaración de la emergencia penitenciaria en los años 2019 y 2022 no se han modificado, antes bien, se han profundizado«.
CD/ML