El pasado 12 de diciembre, Dámaso López Serrano, conocido como El Mini Lic, fue arrestado en su residencia en Washington, Virginia, Estados Unidos, bajo cargos de tráfico de fentanilo. Esta detención marca un giro significativo en la historia de López Serrano, quien previamente había colaborado con las autoridades norteamericanas como testigo en casos contra figuras del Cártel de Sinaloa, incluyendo a Joaquín El Chapo Guzmán.
El acuerdo de colaboración que López Serrano había establecido con Estados Unidos le permitió obtener una condena reducida, un beneficio que muchos narcotraficantes anhelan. Sin embargo, al romper este acuerdo y regresar a actividades delictivas, se enfrenta ahora a serias consecuencias legales.
La investigación que llevó a su arresto fue llevada a cabo por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que había estado siguiendo sus pasos durante al menos ocho meses. Las pruebas que sustentan las acusaciones incluyen llamadas telefónicas interceptadas, videos y testimonios de tres informantes que se hicieron pasar por socios de López Serrano, según el periodista Luis Chaparro.
El caso de López Serrano es un ejemplo de los riesgos que enfrentan los testigos colaboradores que deciden regresar al mundo del crimen. Su arresto no solo pone en peligro su libertad, sino que también podría afectar futuras colaboraciones entre las autoridades estadounidenses y otros posibles informantes del narcotráfico.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 17 de diciembre que el Gobierno de México ya solicitó la extradición de López Serrano por el homicidio del periodista Javier Valdez, ocurrido en 2017.
Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, recordó que López Serrano es identificado en México desde hace años como el “autor intelectual” del asesinato del reconocido periodista sinaloense, quien fue baleado frente a las oficinas del semanario Ríodoce en el municipio de Culiacán.
“Ellos habían señalado que era un testigo protegido del gobierno de EEUU, que les estaba dando mucha información y que en razón de eso no podían ayudarnos en esa forma. Ahora, con esta situación en la que ellos mismos están reconociendo que este individuo está delinquiendo, pues yo creo que hay razones más que suficientes para que ahora sí nos apoyen (en su deportación a México)”, declaró.
“Exactamente, ese es el tema fundamental para nosotros, él es el autor intelectual de ese asesinato. Como ustedes bien saben, al resto de los autores ya los tenemos procesados y en la cárcel, este nos faltaba”, agregó Gertz Manero.
Pese a ello, la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, explicó en conferencia de prensa que el Mini Lic no cuenta con una orden de aprehensión en su contra.
“¿El Mini Lic tenía alguna orden vigente?”, cuestionó la prensa a la fiscal, quien respondió que “a nivel de estado no tenía” ninguna orden vigente por homicidio ni por algún otro delito.