La Justicia porteña suspendió el desalojo de una histórica huerta comunitaria del barrio de Parque Patricios que funciona dentro del Parque Vuelta de Obligado. Se trata de la Huerta Garay, que está emplazada en el lugar desde hace más de treinta años realizando actividades y talleres en conjunto con escuelas, el INTA y facultades de la UBA. El gobierno porteño quería correr al espacio por una supuesta falta de habilitación, pero los vecinos y vecinas resistieron el desalojo y ahora consiguieron un primer aval judicial para mantenerse allí.
El conflicto comenzó a principios de agosto de este año. El día 6 de ese mes, inspectores del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana se presentaron en Juan de Garay entre Pichincha y Pasco, punto dentro del parque en el que funciona la huerta desde 1991. Según denuncian referentes del espacio, allí les libraron una intimación para el retiro de la huerta por «ocupación indebida del espacio público«. El retiro debía realizarse en un plazo de cinco días bajo apercibimiento de multa o desalojo.
La amenaza, sin embargo, no tuvo novedades hasta el pasado 16 de septiembre. Ese día, según se lee en la resolución judicial, personal del Ministerio se presentó para llevar adelante el desalojo. Los vecinos y vecinas resistieron el corrimiento y consiguieron otra prórroga para intentar regularizar la situación. En el medio, con el acompañamiento del Ministerio Público de la Defensa, acudieron a la Justicia para buscar el freno al proceso de desalojo por esa vía.
Consiguieron, en principio, una medida precautelar dictada por la jueza María Alejandra Villasur, titular del Juzgado Nº 18 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Allí, la magistrada ordena al GCBA que «se abstenga de desalojar la huerta orgánica hasta tanto se remitan las actuaciones administrativas requeridas y el tribunal resuelva acerca de la procedencia de la medida cautelar peticionada». En este sentido, requirió que el gobierno porteño remita al expediente el acta del 6 de agosto, los pedidos de permiso de uso del espacio público del lugar y sus antecedentes.
La jueza argumentó en su resolución que «de concretarse la ejecución de la medida expulsiva, podría mediar la pérdida de la flora existente y el trabajo llevado a cabo durante años por la comunidad, sin dejar de apreciar la posible afectación al bien social que se provocaría respecto de la actividad que allí se vendría desarrollando de manera sostenida». A su vez, resaltó que la huerta ha trabajado en estos años con «la intervención, sostenida en el tiempo, de diferentes órganos estatales –locales y nacionales– vinculados con el emprendimiento».
En diálogo con Página 12, el defensor oficial Pablo de Giovanni, que representa a Nélida Santamaría, titular de la huerta, señaló en este sentido que el espacio «trabaja con el INTA y fue reconocido en distintas ocasiones por el GCBA«. En el expediente, De Giovanni agrega que la huerta brinda «un servicio a la comunidad como la capacitación en agroecología, distribución del Kit de semillas del Programa Pro-Huerta y promoción de prácticas saludables a través del INTA, como así también la realización de visitas guiadas de alumnos de escuelas privadas y públicas, lo que propicia la consolidación de un polo de inclusión social comunitaria».
La semana pasada, sin ir más lejos, en la huerta se realizó un taller denominado «producción con lo que hay en casa«, que estuvo a cargo de docentes de la Facultad de Agronomía y del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria de Filosofía y Letras de la UBA. Todas las actividades se realizan de forma gratuita.
Tras la notificación del desalojo, desde la huerta enviaron diversas notas al Ministerio y a la Comuna N°4 para intentar resolver la regularización del permiso del lugar y sostener el espacio. En esas respuestas, se lee en el expediente judicial, «reconocen lo ‘loable de las actividades‘ y el ‘valor social del espacio‘ pero ambas se declaran incompetentes para el otorgamiento del permiso, sin indicar cuál es el organismo encargado». Este diario consultó a fuentes del Ministerio pero no había recibido respuestas al cierre de esta edición, mientras que desde la comuna reiteran que no es su competencia otorgar permisos para el uso de los espacios públicos.
En la Ciudad ya existe una norma que debería regular el funcionamiento de este tipo de espacios. Se trata de la Ley N°6.377 de Promoción y Difusión de las Prácticas de Agricultura Urbana, aprobada por la Legislatura a fines del año 2020. Dentro de los tipos de huertas alcanzados, allí aparece la «pública-comunitaria» en tanto aquella «desarrollada en terrenos de dominio público o privado del estado, con un fin socio-ambiental e impacto positivo en la comunidad«. De Giovanni apunta, sin embargo, que tras la aprobación de la ley «nunca se dictó un decreto reglamentario nombrando una autoridad de aplicación, por lo que la dejaron funcionando a medias».
Desde Huerta Garay agregan que en las solicitudes elevadas a las distintas áreas se presentó un programa de trabajo tal como lo prevé la ley. El Artículo N°8 de la norma establece que el programa debe indicar «el fin perseguido, las técnicas de producción a implementar y un esquema de utilización – distribución de los cultivos». Hasta el momento no obtuvieron respuestas al plan presentado y por eso piden que la precautelar se amplÍe suspendiendo el desalojo hasta tanto el GCBA «cumpla con la evaluación del programa de trabajo presentado».