Mientras se apresta a publicar el veto a la ley de financiamiento universitario, que prevé un gasto del 0,14% del PBI, el Gobierno evalúa alternativas en caso que no logre sostener en el Congreso el decreto que firmará Javier Milei esta misma noche, que irían desde un recorte de partidas presupuestarias hasta una eventual judicialización de la normativa.
En el oficialismo son conscientes de la dificultad que tendrán en las próximas semanas para confirmar el veto presidencial en la Cámara de Diputados, por caso, donde hay indicios que integrantes de la bancada del PRO, que habían acompañado la anulación de le ley jubilatoria, en esta ocasión jugarían en contra de los intereses de la Casa Rosada. «Es algo típicamente mezquino de la política si el PRO no apoya el veto. Hasta ahora no tuvimos comunicaciones en ese sentido», se atajó un estrecho colaborador del jefe de Estado.
En Casa Rosada sostienen que en caso que el Parlamento confirme la validez del refuerzo presupuestario a las universidades, hay una «decisión política» de recortar partidas pero que será el ministerio de Economía el que finalmente dictamine qué recursos se podarían para hacer cumplir la citada norma. No obstante, hay otras alternativas en estudio. «Existe la posibilidad de la vía judicial. Pero no salio el veto todavía, es muy pronto» para confirmarlo, indicó, a su turno, un calificado vocero oficial consultado.
En el oficialismo están convencidos que la marcha de este miércoles «es política» y busca hacer mella en la principal política gubernamental como es el ordenamiento de las cuentas públicas. El presidente Milei no se cansa de tildar de «degenerados fiscales» a los legisladores que proponen iniciativas que tienen un costo fiscal para el Estado. Para evitar el costo político del veto, en el entorno presidencial vienen advirtiendo que los cuestionamientos son para «el Congreso y no para las universidades» por la supuesta irresponsabilidad de la oposición de crear leyes sin proponer un financiamiento sustentable.
La propuesta presentada por la Unión Cívica Radical, sancionada por el Senado el pasado 13 de septiembre, aumenta los fondos para las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento y se aboca a la actualización de los salarios del personal. En la oposición vienen advirtiendo sobre el limitado impacto fiscal de la recomposición, que asciende al 0,14 por ciento del PBI, lo que equivaldría este año a unos $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La mentada normativa, en los hechos, declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 -prorrogado por la actual administración- según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
La norma también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
Además, la reglamentación insta al Ejecutivo a recomponer los salarios docentes y no docentes de la siguiente manera: a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período. Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta fin de año, en tanto, el Gobierno debería actualizar las remuneraciones de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.