La Cámara Federal porteña aceptó como querellante a la organización de la sociedad civil Contadores Forenses en la causa en que se investiga la polémica reestatización de YPF que hizo Cristina Kirchner en el 2012.
Con el voto de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi el tribunal de alzada revocó una decisión del juez Ariel Lijo que había rechazó que Contadores Forenses pudiera tener ese rol para pedir medidas de pruebas o apelar decisiones.
En una resolución, la Cámara recordó el primer pedido del fallecido ex presidente de Contadores Forenses y fundador de la Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina Alfredo Popritkin a favor de ese rol de querellante en una causa en que la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió denunció un retraso de parte del juez Lijo.
El pedido fue hecho con el patrocinio letrado de los abogados Carlos María Negri y Sergio Fernando Curzi.
Popritkin, un ex perito contador de la Corte Suprema, falleció el año y fue reemplazo por Jorge Alfredo Ceballos.
En su fallo, la Cámara recordó que “los hechos y conductas que conforman el objeto de pesquisa podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, resulta procedente” aceptar el rol de querellante de Contadores Forenses.
Por esa polémica reestatización que impulsó Cristina y el ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof, YPF perdió un juicio en la Justicia de Nueva York por 16 mil millones de dólares.
Por ello corresponde revocar la resolución del juez Lijo en este sentido y tener como parte querellante a la Asociación Civil “Contadores Forenses ONG”; ello sin perjuicio de que con el avance del proceso se fije un marco fáctico distinto y concreto, que desvanezca los requisitos exigidos por la norma citada y, en consecuencia, la calidad de parte acusadora otorgada”, agregó el fallo.
Entre otras pistas, en la cause se los alcances de una nota que en abril del 2015 envió el administrador concursal de la quiebra de dos empresas del grupo Petersen en España en la que se reclama que el gobierno de Cristina Kirchner indemnice, también, a esas compañías además de a Repsol.
En una nota apostillada y enviada por el Administrador Concursal español Armando Betancor Alamo a la entonces presidenta Cristina Kirchner expuso el daño económico que le provocaba a Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU que no le paguen por el 25 por ciento de las acciones que habían obtenido durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Cristina, y su entonces viceministro de Economía e interventor de YPF-Repsol Axel Kicillof le habían pagado unos 6 mil millones de dólares a Repsol pero nada al grupo Petersen de la familia Eskenazi.
La nota del administrador español, a la que accedió Clarín, dice que si “Argentina no soluciona rápidamente la controversia mediante un acuerdo, los inversores comenzarán un procedimiento de arbitraje”.