El juez federal Sebastián Ramos archivó este miércoles el expediente por supuesta violencia doméstica contra el miembro de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos porque la supuesta víctima Tatiana Sicardi declaró en forma enfática y dos veces ante el fiscal Guillermo Marijuan que no tenía intención de hacer una denuncia penal, ni civil.
La causa penal se abrió hace dos semanas porque la Oficina de Violencia de la Corte (OIV) de la Corte ante un escrito de la mujer, que había tenido una relación sentimental con el juez, dictó una medida de restricción e hizo una denuncia de oficio ante un juez civil que la derivó al fuero penal por sí también había delitos de acción pública.
La presentación de la mujer ante la OIV fue usada políticamente por la ex presidenta Cristina Kirchner para intentar, sin éxito, recusar a Hornos del expediente donde se decide si se confirma su condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad.
La ex vicepresidenta, principal acusada en este expediente por el direccionamiento de 3.500 millones de dólares a favor de su socio Lázaro Báez, sostuvo que el juez Hornos no debía seguir interviniendo en la causa porque ella se identifica a si misma como víctima de episodios de violencia de género.
La defensa de la ex vicepresidenta también argumentó que se debe contar con un juez con “formación en género y sin denuncias”.
En un tramo del escrito se planteó: “en estas notas periodísticas se indica que el nombre de Cristina Fernández de Kirchner aparecía mencionado en intercambios con la denunciante, lo cual torna aún más complejo el panorama evidenciado”.
El planteo, además, indica que Cristina “fue víctima de hechos de violencia” poniendo como ejemplo el atentado del que fue víctima hace dos años en manos de Fernando Sabag Montiel, quien apuntó con un arma de fuego a quince centímetros de su cabeza habiendo gatillado dos veces.
Pero la semana pasada, los colegas de Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazaron esa recusación y, entonces, el tribunal de alzada ya están en tiempo de descuento para decidir si ratifica, anula o amplía le pena a 8 años, como pidieron los fiscales del juicio oral Diego Luciani y Sergio Mola.
En el interín, Casación mandó la semana pasada el expediente al Consejo de la Magistratura para que lo investiguen en la Comisión de Disciplina que dirige el ex diputado K Héctor Recalde.
En dos presentaciones ante el fiscal Guillermo Marijuan, la mujer dijo que “nunca fue su intención que (su denuncia) se investigaran en sede penal, ni administrativa, ni en ningún otro ámbito distinto del civil”. Dijo que solo quería protección.
Precisó que “el impulso de oficio de la presente causa tuvo lugar contra su expresa voluntad” y reiteró de “manera expresa, categórica e inequívoca, su voluntad de no querer instar la acción penal por ninguno de los hechos descriptos en su denuncia”, informaron a Clarín fuentes judiciales.
Marijuan, también, se apoyó en que el equipo interdisciplinario de la OVD destacó la “sobreabundancia de interpretaciones singulares, la dificultad para precisar, el discurso ramificado y la falta de hilo conductor en el relato” de la denunciante. Además, la mujer nunca habló de “violencia sexual” en las relaciones consentidas que tuvo con el magistrado.
El juez Ramos después de descartar hechos ventilados como de orden privado, analizó si correspondía investigar hechos de acción pública como supuestos comentarios de Hornos de que iba a usar su condición de juez.
En este punto, el juez coincidió con el fiscal en cuanto a “las contradicciones e incongruencias del relato que originó la causa no permiten, por sí mismas, avanzar al respecto sin una ampliación testimonial bajo juramento y la obtención de pruebas adicionales”.
Sin embargo, “en el estado actual del legajo, no se vislumbran otras pruebas que podrían aportar mayor claridad respecto de la real ocurrencia de esos hechos”.
Ante esta situación, “la investigación se encuentra estancada, sin la posibilidad de llevar adelante nuevas medidas probatorias que permitan superar la falta de pruebas mencionada”. Y como el fiscal es el titular de la acción penal, el juez Ramos también archivó esta parte del expediente.