Era un final casi cantado, con apenas una duda menor que terminó de disolverse en la mañana de este martes: finalmente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, permanecerá al frente del máximo tribunal por un nuevo período de tres años.
El decano del cuerpo e inminente jubilado, Juan Carlos Maqueda, propuso efectuar la votación que de todos modoso debía resolverse antes de fin de mes. Con su voto, el de Carlos Rosenkrantz y el del propio Rosatti, se renovaron las autoridades actuales: Rosatti como presidente y Rosenkrantz vice. El cuarto ministro, Ricardo Lorenzetti, se abstuvo de votar.
La decisión se concretó en la última reunión de acuerdos del mes, que se realiza los martes excepto que alguno de los ministros pida un cambio -o una segunda reunión- porque está de viaje o todos concuerden hacerla para tratar alguna cuestión en particular.
Recordemos: el 23 de septiembre de 2021 se dictó la Acordada 18/2021, en la que se designó a Rosatti y a Rosenkrantz como Presidente y Vicepresidente de la Corte “a partir del 1° de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2024”. Es decir que el martes que viene ya debe asumir -o en este caso reasumir- la presidencia el próximo titular del tribunal.
La renovación de autoridades ocurre en un delicado momento político de la Corte: el quiebre interno reflejado hace tres años con la elección de Rosatti cristalizó las diferencias entre Lorenzetti y sus compañeros, que desde entonces no hicieron más que agravarse, incluso con acusaciones públicas y muchas puñaladas mutuas propinadas entre bastidores.
Unos y otros se cansaron de repetir que la «mayoría estable» en el máximo tribunal -Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda- sólo corresponde a una mirada en común sobre «cuestiones de superintendencia», es decir sobre el manejo interno de la Corte en cuestiones administrativas. Pero esa afinidad también incluye un posicionamiento clave del tribunal como cabeza del Poder Judicial, uno de los tres que gobierna el país según la prescripción del artículo 1 de la Constitución.
En otras palabras: los cuatro ministros pueden votar juntos o no en las causas que llegan a sus manos, compartir argumentos o plantearlos de manera individual aunque coincidan en el voto -lo que con frecuencia hace Rosenkrantz- e incluso oponerse entre ellos en las argumentaciones, pero esas sincronías o divergencias sólo se mantienen en el plano jurídico, en el que la Corte es la última palabra como intérprete de la Constitución, eventual revisora de sentencias formuladas en tribunales inferiores y dirimente natural en controversias entre las provincias y la Nación.
Lo dicho: junto con esa función, el máximo tribunal también conduce uno de los poderes del Estado, cuya armonía -o tensión- con los otros dos es vital para el gobierno de turno. Y esa faz de la Corte es la que está singularmente oscurecida por un cúmulo de circunstancias.
La más seria y evidente es la falta de integración del tribunal, que debería estar compuesto por cinco ministros y desde la jubilación de la doctora Highton tiene cuatro, hasta que en diciembre próximo pierda a otro se sus miembros por la misma razón cuando Juan Carlos Maqueda cumpla los 75 años que la Constitución establece como edad máxima para el desempeño de los magistrados cuya labor no haya sido extendida por un nuevo acuerdo del Senado.
El gobierno de Javier Milei entró de cabeza en un lodazal del que hasta ahora no pudo emerger, cuando anuncio unilateralmente que enviaría a la Cámara Alta a sus candidatos para ocupar la vacante de Highton y también la de Maqueda, quien acaba de admitir públicamente que en ese acto se enteró de su segura salida.
Esos dos postulantes, el controvertido juez federal Ariel Lijo y el académico Juan Manuel García-Mansilla, no consiguieron aún ni las firmas para el despacho de la comisión de Acuerdos, indispensable para la posterior discusión en el recinto, donde a su vez son necesarios los votos de los dos tercios de los senadores presentes ese día. Una colina demasiado alta por ahora.
Las perspectivas entonces confluyen en un bastante probable funcionamiento de la Corte con tres ministros, a su vez muy distanciados entre sí por cuestiones políticas -no tanto ideológicas- y personales difíciles de desandar. Para que sus resoluciones no sean objetadas, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti deberían votar de forma unánime, recreando una hipotética mayoría si el tribunal tuviera los correspondientes cinco integrantes. Si eso no ocurriese -algo bastante lógico y natural- deberían ser convocados conjueces que se sumen a votar en los casos en los que haya disidencias. Por lo pronto, sin dudas la tarea de la Corte se verá resentida y demorada.
Eso puede ser una pésima noticia para Milei, siempre ansioso de que sus reformas tengan un OK judicial casi inmediato, pero no tanto para Cristina Kirchner, a quien cada demora en los tribunales aleja de la casi segura confirmación de su primera condena por corrupción en el caso Vialidad. Y de las que muy posiblemente seguirán.