Por cuarta vez en once años los y las sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón deberán pelear por su ley de reparación en la Ciudad de Buenos Aires. En diciembre, al cumplirse veinte años de la masacre, dejará de tener validez la última ley vigente y podrían quedarse sin la norma que regula el monto de la subvención económica así como los programas de salud e inserción laboral. Las organizaciones nucleadas en coordinadora ya presentaron un proyecto propio de «reparación integral y definitiva» que incluye la declaración de su carácter vitalicio y la ampliación del padrón alcanzado por la norma.
En el año 2013, nueve años después de aquel 30 de diciembre, la Legislatura aprobó la primera norma que reguló la reparación, y desde entonces la ley funciona con prórrogas provisorias. La última fue en el año 2021 y vence en diciembre. Desde Coordinadora Cromañon, que reúne a ocho organizaciones de sobrevivientes y familiares, advirtieron ahora que «a pesar de varios intentos, no se ha logrado que el poder legislativo sancione una ley que garantice de manera vitalicia una reparación integral».
«El 2013 fue el único año en el que un proyecto tuvo tratamiento en comisiones, pero llegó al recinto con las exigencias del Ejecutivo porteño para asegurar que no sea vetado. En los años 2018 y 2021 se aprobaron prórrogas temporales, sin dictámenes en comisiones, resultando en leyes alejadas de las propuestas originales de las organizaciones», señalaron en un comunicado conjunto en el que recordaron que entre 2005 y 2013, antes de la primera ley, «debimos exigir la renovación anual de los decretos de asistencia».
El proyecto actual, indicaron, es resultado de nueve meses de trabajo conjunto entre las organizaciones y se divide en cinco ejes esenciales decididos entre todas. El primero apunta al principal objetivo que persiguen desde la aprobación de la ley de 2013: que la reparación integral sea declarada de carácter vitalicio para «ponerle fin a la situación revictimizante que se produce al otorgarle temporalidad a la subvención económica».
Luego aparece la ampliación del registro a cargo de la Subsecretaria de Derechos Humanos la ciudad. El punto es uno de los más importantes del proyecto. Es que las organizaciones vienen manifestando desde hace años que existe una gran cantidad de sobrevivientes y familiares que quedaron por fuera del padrón sin posibilidad de reapertura. Así, el proyecto establece que podrá acceder a la reparación «cualquier persona que manifieste ser sobreviviente o familiar de víctima fatal de la masacre de Cromañon» mediante alguna documentación como constancia de atención del SAME de aquel 30 de diciembre, declaraciones judiciales o historias clínicas, entre otras opciones, que «acrediten dicha condición«.
El carácter «integral» de la reparación está dado, en tanto, por los diversos mecanismos propuestos por las organizaciones, algunos ya previstos en la ley actual y otros no. Actualmente ya existen programas de salud y de inserción laboral y los y las familiares y sobrevivientes plantean «fortalecerlos». En el primer caso buscan profundizar los programas vinculados a «la salud mental y la prevención de enfermedades asociadas al trauma, asegurando acceso continuo y prioritario a tratamientos médicos y psicológicos tanto a las víctimas beneficiarias del Programa de Salud como a su grupo familiar directo».
En cuanto a la inserción laboral, proponen «programas de capacitación, empleo protegido y acceso prioritario a servicios educativos, adaptados a las necesidades específicas de las víctimas». El proyecto también incorpora un apartado específico sobre educación, en donde se prevén «acciones efectivas de inserción e inclusión educativa» como «becas, incentivos y ayudas económicas» para poder «iniciar o completar los estudios primarios, secundarios, terciarios y/o universitarios».
El último eje del proyecto tiene que ver con las «medidas simbólicas de reparación» que tienen que ver, en principio, con el resguardo del entorno del edificio del exboliche de Once, como el cuidado, mantenimiento y protección de los murales, el paseo y el santuario emplazado a lo largo de la calle Bartolomé Mitre. El punto se complementa con la otra lucha que las organizaciones están dando a nivel nacional: la concreción de la expropiación del local para su transformación en un espacio de memoria. La expropiación fue aprobada por el Congreso en 2022 y reglamentada en 2023 pero durante este año no ha tenido novedades.
Las medidas simbólicas propuestas también incluyen la incorporación de una capacitación obligatoria para todos los funcionarios de la ciudad «orientada a la sensibilización y toma de conocimiento sobre la importancia de la masacre de Cromañón en la historia reciente, el respeto a la vida humana y a la preservación de la memoria de las víctimas».
Con el proyecto ya presentado formalmente, el camino legislativo debería iniciar por las comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto, a las que ya tiene giro asignado. Desde las organizaciones contaron a Página 12 que ya tuvieron reuniones con legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, mientras que la semana que viene tienen prevista una reunión con diputados de la UCR, el Partido Socialista y Confianza Pública. Esperan, en tanto, conocer cuál será la postura del oficialismo de cara al pronto vencimiento de la ley, justo cuando se cumplan veinte años de la masacre.