El escándalo por las presuntas coimas en la venta de carbón de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que derivó en que el Gobierno despidiera al interventor, Thierry Decoud, agrega un manto de incertidumbre a una de las primeras privatizaciones que podría tener la era de Javier Milei.
La firma TEGI Limited, a la que dos brokers le pidieron dinero extra o «contribuciones marginales» para que pudieran comprar un carbón de baja calidad, estaba interesada en la concesión de la empresa pública, que tiene la mina y la usina termoeléctrica pero necesita inversiones millonarias para su modernización, que le permita ganar eficiencia productiva.
Según trascendió en Santa Cruz, TEGI podría pagar cerca de 70 millones de dólares por una concesión a 50 años. Quienes conocen el mercado, igualmente, sostienen que es imposible valuar a una empresa sin una certificación de reservas ni una contabilización de los pasivos ambientales que dejaría YCRT.
Clarín pudo saber que la investigación y la difusión del audio hicieron mella en TEGI, que ahora evalúa con mucho cuidado si seguirá vinculada a la operación.
Fuentes al tanto de la negociación advirtieron que la empresa española Biomass Global Management (BGM) era la candidata a quedarse con el carbón, porque ofrecería un mejor precio. Pero el carbón es la excusa; el interés real es por los activos de YCRT.
«La intención que tenemos es comprar el carbón de Río Turbio, de muy baja calidad, para después tener chances de quedarnos con la concesión«, reconocieron a Clarín fuentes vinculadas a TEGI, que después del escándalo cortaron su relación. «Queremos apoyar a Milei», habían dicho previamente.
Los números de YCRT
La compañía estatal fue puesta en la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos -Ley Bases- como sujeta a una privatización parcial. Sería bajo la figura de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), en la cual el Estado nacional se quedaría con un 51%; el privado, con un 39%; y los empleados, con el 10% restante.
Con un déficit operativo estructural millonario, en 2023 YCRT tuvo un resultado negativo equivalente a US$ 140 millones, y para este año su ahora ex interventor proyectaba un déficit de US$ 70 millones.
Si pudiera estabilizar exportaciones de carbón por 60.000 toneladas al año, tal cual era su plan, esas ventas le generarían ingresos por unos US$ 50 millones. Pero hace 5 años que Río Turbio no puede colocar su producto en el mundo y por eso Cancillería acercó interesados.
Mientras el carbón australiano se vende en el mundo a unos US$ 140 por tonelada, YCRT luchaba para colocarlo a poco más de US$ 70. Fuentes del mercado consideran que el precio real de ese carbón estaría por debajo de los US$ 40 por tonelada -US$ 38, en concreto-.
Los planes de TEGI Limited, ¿frustrados?
TEGI Limited es manejada por el israelí Gil Segal, el ucraniano Constantin Dashkin y el emiratí Kayed Ibrahim Kamel Hadad y se dedica al trading -comercialización- de commodities agropecuarias como granos y porotos, productos energéticos como el carbón y bienes derivados de la petroquímica.
El carbón sigue siendo una de las principales fuentes de energía en el mundo (y la más contaminante para el planeta), sobre todo en China e India, que serían los compradores finales del producto de Río Turbio.
Sin embargo, por el proceso de transición energética, cada vez más países se orientan a descarbonizar su matriz y pasar a fuentes más limpias y amigables, como el gas natural -que Argentina tiene de sobra en Vaca Muerta- y las energías renovables -eólica y solar-.
No obstante, TEGI y tres empresas más -BGM y otras dos que serían de China- se interesaron en el carbón.
Si hubiera podido hacerse del producto, TEGI Limited iba a buscar llegar a un arreglo con los empleados de YCRT, obtener contratos de mediano o largo plazo para una mayor cantidad de carbón que en esta operación (apenas 30.000 toneladas), abrir mercados en el mundo y conseguir una demanda estable. Además, transferiría tecnología y pondría inversiones para modernizar la infraestructura de la mina, así puede ampliar la producción.
La empresa estatal tiene unos 2.110 empleados, de los cuales 1.050 son mineros y el resto está en la planta depuradora, la usina termoeléctrica, en el ferrocarril que lleva el carbón a Punta Loyola, en el puerto de Río Gallegos y en la administración.