jueves, 28 noviembre, 2024
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Diputados le dio media sanción al proyecto que amplía el registro de datos genéticos a todos los delitos

En el arranque de la maratónica sesión, Diputados aprobó -con modificaciones de último momento- la ampliación del Registro de Datos Genéticos con 146 votos a favor, 87 contra y 7 abstenciones. El proyecto, enviado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, extiende el registro que actualmente funciona sólo para delitos de carácter sexual a todos los demás.

Le dieron luz verde los bloques de La Libertad Avanza, el Pro, la Coalición Cívica, la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal. La Izquierda y Unión por la Patria fueron por el rechazo, aunque hubo 7 legisladores peronistas que se abstuvieron. Entre ellos, Daniel Arroyo y Victoria Tolosa Paz.

Ahora el texto debe ser aprobado por el Senado para convertirse en ley.

El proyecto modifica la ley 26. 879 –aprobada en 2013– que creó el Registro de Datos Genéticos. Hasta el momento contiene los perfiles genéticos de los responsables de delitos sexuales con condena. Pero con estos cambios se busca ampliarlo a procesados y que se sumen también otros tipos de pruebas, no solo fluidos como sangre, semen, o saliva.

«Hay absoluta coincidencia en que hay que modificar esta ley, ampliar el Registro, e incorporar el ADN de contacto para que se sumen nuevos perfiles”, defendió durante el debate Laura Machado (PRO), presidenta de la comisión de Legislación Penal.

Hizo hincapié en que el ADN «de contacto», que se obtiene por transferencia de la piel humana en un objeto, hoy no puede cotejarse con ninguna base de datos.

«El proyecto prevé que cada vez que exista una persona que es imputada de un delito, se extraiga su perfil genético para sumarlo a una base de datos contra la cual pueda impactar el perfil de un autor no identificado. El caso de haber coincidencia (“impacto identificatorio positivo” o “match”), se le informa al juez de la causa, constituyéndose una prueba poderosísima. En caso de resultar desvinculado de la causa, el perfil genético se elimina del registro, si así lo desea la persona desvinculada», detalló Machado.

El momento más delicado del debate tuvo lugar cuando la diputada libertaria Lilia Lemoine pidió la palabra para defender el proyecto y con la voz quebrada relató que fue víctima de un abuso sexual, hace 18 años, y aún guarda una botella de agua del atacante con

La oposición, en cambio, se quejó porque considera que se trata de un «muestreo y almacenamiento compulsivo».

“A mí tendrían que extraerme los datos genéticos, porque fui imputada en una causa en donde se me acusa de haber dado mi opinión por Twitter”, ironizó Vanina Biasi, del Frente de Izquierda.

«Para entregarle una herramienta fuertísima de mapeo genético a una de sus ministras”, sentenció el diputado del kirchnerismo y ex ministro de Justicia, Martín Soria, en alusión a Bullrich.

El proyecto ponía al registro bajo la órbita de Seguridad de Bullrich. Pero ese último punto sumó críticas de otras bancadas y el presidente de la Cámara, Martín Menem, tuvo que pedir un cuarto intermedio para discutirlo. Finalmente, se decidió que el Registro quedará a cargo del ministerio de Justicia,que conduce Mariano Cúneo Libarona.

El proyecto propone facilitar no solo el avance de causas judiciales por delitos, sino también “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas”.

Los datos se almacenarán con el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.

El uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales. La información tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial.

En Mendoza, el registro funciona desde 2016 y según datos oficiales permitió esclarecer 4.000 casos penales.

El Registro funcionará en el fuero federal y nacional, pero se podrán firmar convenios entre la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios

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