En Habeas Corpus, un bar situado en Ituzaingó 341, frente al edificio donde funcionan los Tribunales de San Isidro, era común encontrarse a jueces, fiscales y abogados de los casos más resonantes de la historia criminal argentina, como el homicidio de María Marta García Belsunce y el denominado Robo del Siglo. Cerró intempestivamente a fines de 2022. Dos meses después, la propiedad fue alquilada. El locatario, que firmó un contrato por tres años y dejó una garantía de 600 dólares, supuestamente pretendía instalar un supermercado, una talabartería o un local para exponer insumos para caballos que vendía por Internet. El tiempo pasó y no se concretó ninguno de los emprendimientos. Todo era una pantalla para la preparación de un golpe.
El inquilino, a los seis meses, dejó de pagar. No atendió el teléfono que había dejado de contacto. Nunca más volvió a la propiedad. Ahora se descubrió que detrás del negocio trunco estuvo la banda que hizo un túnel de, por lo menos, 150 metros debajo de la calle Chacabuco con la intención de robar las cajas de una sucursal del Banco Macro. Se estima que los boqueteros podrían haberse llevado un botín de 30 millones de dólares.
Así lo pudo reconstruir LA NACION de calificadas fuentes de la investigación. El local donde funcionó el bar Habeas Corpus está situado en la misma manzana del Banco Macro que los ladrones pretendían robar. “Suponemos que los delincuentes creyeron que el local lindaba con el sector de bóvedas de la sucursal bancaria, cuya entrada está en Chacabuco 444, pero por alguna razón que puede ser por la calidad de las paredes que debían perforar o la ubicación no les sirvió. También es probable que haya sido utilizado para hacer mediciones técnicas para planear el golpe”, explicaron los voceros consultados.
Finalmente, la banda, en agosto del año pasado, alquiló una propiedad que había funcionado como taller mecánico de autos, situada en Chacabuco 535/547, donde los ladrones comenzaron a hacer el túnel que los iba a conectar con la sucursal bancaria y que fue descubierto el miércoles pasado.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella y del fiscal general adjunto Patricio Ferrari, equipo coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, con la colaboración de personal de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local. Interviene el juez de Garantías Ricardo Costa.
Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes del caso, la propietaria del local de Ituzaingó 341 vive en Córdoba. Las negociaciones para alquilar el local las llevó adelante un abogado de su confianza, quien primero se reunió con un hombre de unos 60 años, “educado en el trato”, calvo y de estatura mediana, que decía trabajar para un empresario de La Plata y Punta Lara, en Ensenada, de uno 75 años, “una persona solvente” que tenían como negocios supermercados y venta por Internet de insumos para caballos.
Al abogado, que declaró como testigo, le pareció extraño que el “representante” primero le dijera que el local sería utilizado para exponer los insumos para caballos que vendían por Internet, pero que poco después cambió de idea y le manifestó que pretendían instalar un supermercado. El letrado le explicó que era necesario “fijar” el objeto del contrato para que pudiera ser habilitado.
Finalmente, en el contrato se dejó constancia que el locatario iba a utilizar la propiedad para “compra-venta de todo tipo de productos e insumos, perecederos o no, correspondiente al rubro de almacén general o supermercado minorista o mayorista”.
El representante del empresario, siempre que iba al estudio del abogado, hablaba de que tenía diabetes, que casi no veía y que iba a viajar a España para poder atenderse.
Sobre el locatario, el letrado, sostuvo que solo lo vio una vez, el día de la firma del contrato. Recordó que era de estatura media y “un poco obeso”.
“Luego de tres o cuatro meses de firmar el contrato, le comentaron al abogado que iba a alquilar un local a la vuelta, que pretendían utilizar como depósito”, dijeron las fuentes consultadas.
Entre los cinco o seis meses de firmar el contrato, el locatario dejó de pagar el alquiler de Ituzaingó 341. Los vecinos y comerciantes recuerdan haber visto la propiedad “tabicada” con maderas tipo machimbre, similares a las que fueron halladas en el depósito de Chacabuco, donde los ladrones comenzaron a hacer el túnel.
Planos y mapa satelital
Como informó LA NACION, en la propiedad de Chacabuco 535/547 la policía bonaerense encontró un mapa satelital de la zona y planos que supuestamente serían de la sucursal bancaria que pretendían robar.
“Fueron encontrados planos donde, supuestamente, había información sobre los sensores del sistema de alarmas instalados en el banco. Las pruebas halladas dan cuenta de la planificación que llevó adelante la organización criminal. Se estima que pensaban robar un botín de 30 millones de dólares”, explicaron los voceros consultados.
También se encontraron fotografías y anotaciones que hicieron con la cantidad de metros, supuestamente, entre la sucursal bancaria y la propiedad alquilada para preparar el plan criminal.
El túnel descubierto mide, por lo menos, 150 metros de largo y 4,5 de profundidad. “Fue encofrado en madera. Parte del trayecto tenía 1,20 metros de altura y se hacía difícil respirar por la falta de oxígeno. Había sectores donde se tenía que transitar como reptando”, dijo un detective del caso.
La investigación que derivó en el descubrimiento del túnel comenzó de forma fortuita cuando el martes pasado, poco antes de las 8.30, el proveedor de Berni, un local gastronómico situado en Chacabuco al 400, a pocos metros del Banco Macro, sintió un ruido extraño debajo de su camioneta.
Algo que no sabía qué era le daba golpes al chasis. El extraño sonido no se detenía. Entonces corrió el vehículo unos pocos metros y, después de descender, descubrió algo que le llamó la atención: una varilla de hierro sobresalía de entre los adoquines. Pronto se acercaron el personal de la confitería y otros comerciantes. Nadie entendía qué era lo que veían.
Tras el hallazgo y como no pudieron sacar la varilla de entre los adoquines, los comerciantes de la zona decidieron doblarla para que ningún conductor se la llevara por delante. Después le pidieron al personal de seguridad del banco que colocara un cono naranja fluorescente para que quedara señalizado el lugar.
Un analista técnico revisó todas las alarmas y los sensores del banco y no encontró ninguna anomalía. Sin embargo, se comunicaron con personal de la comisaría 1a. de San Isidro para “dar aviso de lo sucedido”. A las 20, un patrullero de la policía bonaerense se estacionó en Chacabuco al 400 para vigilar en forma preventiva las proximidades del banco.
El miércoles a las 8, hubo una comunicación con la Subsecretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Isidro y poco después se decidió romper la calle y ver hasta dónde llegaba la varilla que había quedado clavada en los adoquines.Al comenzar a sacar la varilla se estableció que estaba conectada por tramos por un largo de aproximadamente tres metros. Entonces, se decidió excavar para ver hasta dónde llegaba el túnel”, sostuvo una fuente de la investigación.
La primera sospecha fue que el túnel podía conectar con una propiedad situada en la vereda de enfrente del banco, pero pronto esa hipótesis se descartó.
Después de más de 12 horas de trabajo, se descubrió que el túnel comenzaba en un galpón situado en Chacabuco 535/547.
En el viejo taller, detectives de la policía bonaerense y personal de la Municipalidad de San Isidro hallaron colchones, que indicarían que la banda dormía en el lugar, y bolsas plásticas y de arpillera similares a las que utilizadas por los corralones para vender arena para obras en construcción, donde cargaban la tierra que sacaban a medida que hacían el pozo.