¡Perforaremos, cariño, perforaremos!” Así tronó Donald Trump en su discurso del 19 de julio en la Convención Nacional Republicana, donde aceptó la nominación de su partido como candidato presidencial. Animado por un entusiasta aplauso, se entusiasmó con el tema y prometió impulsar la producción nacional de combustibles fósiles a “niveles que nadie ha visto antes”, haciendo que Estados Unidos sea tan “dominante en energía” que “abastecerá al resto del mundo”.
Trump está cortejando asiduamente a los magnates petroleros. En abril invitó a un grupo de ellos a Mar-a-Lago, su club privado en Florida, y prometió eliminar lo que consideran onerosas regulaciones del presidente Joe Biden sobre la industria si regresa a la Oficina Oval. Sólo pidió que contribuyeran con US$1000 millones a su candidatura a la reelección, argumentando que la cifra sería una ganga en comparación con la ganancia inesperada que recibirían de impuestos más bajos y reglas más laxas.
Trump y su equipo están interesados tanto en liberar la industria petrolera estadounidense como en desmantelar la agenda de energía limpia de Biden. Sus partidarios invocan vastas reservas de petróleo no explotadas en Alaska y el Golfo de México que brotarían si se quitara la bota verde de la garganta de la industria. Robert O’Brien, quien fue asesor de seguridad nacional durante la presidencia de Trump, sugiere que “Estados Unidos podría estar produciendo millones de barriles más por día”. Sin embargo, es probable que los planes del equipo de Trump tengan muchas menos consecuencias para la energía estadounidense, tanto marrón como verde, de lo que parece.
Los petroleros estadounidenses se han quejado durante mucho tiempo de Biden y es probable que tengan reservas similares sobre Kamala Harris, la vicepresidenta y casi segura candidata demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre después de que Biden se retirara de la carrera el 21 de julio. Su principal logro legislativo, la ley de Reducción de la Inflación (conocida con las siglas IRA), por la que Harris emitió el voto de desempate en el Senado, busca explícitamente fomentar el uso de energía baja en carbono a través de enormes subsidios para tecnologías verdes.
Biden también ha regulado las emisiones de metano de la industria de los combustibles fósiles, un potente gas de efecto invernadero, y en enero detuvo la aprobación de permisos para exportar gas natural licuado (GNL), lo que enfureció a los patrones. El Instituto Americano del Petróleo, una asociación comercial, ha denunciado un “ataque regulatorio”. Un lobista en Washington se queja de que la Casa Blanca hace que la industria petrolera se sienta “no bienvenida hoy y será aún más desagradable en el futuro”.
Sin embargo, a pesar de todas las quejas, a la industria estadounidense de combustibles fósiles le ha ido notablemente bien bajo el gobierno de Biden. La producción de petróleo y gas el año pasado fue mayor que en cualquier otro momento durante el mandato de Trump. La administración de Biden emitió más licencias para perforar durante sus primeros tres años que la de Trump. Las exportaciones se han disparado. El año pasado, el presidente aprobó Willow, un proyecto petrolero de US$8000 millones en Alaska al que se oponen los ambientalistas. Las ganancias y dividendos de los gigantes petroleros estadounidenses han aumentado con Biden. El índice Dow Jones de petróleo y gas estadounidense, que rastrea el valor de mercado de la industria, titubeó bajo la dirección de Trump. Se ha más que duplicado durante el gobierno de Biden, ayudado por un aumento de los precios.
Un experto en energía que ha asesorado a expresidentes republicanos reconoce que “ninguna política federal restringe significativamente la producción a corto plazo” de petróleo o gas natural, y no ve “opciones que permitan que la producción de petróleo y gas aumente” mucho más de lo que se espera. El mercado lo habría dictado de todos modos. Harold Hamm, multimillonario del esquisto y ferviente partidario de Trump, declaró recientemente que la industria está “produciendo todo lo que podemos”.
A largo plazo, una hostilidad sostenida por parte de un futuro presidente demócrata podría, en teoría, frenar la inversión en los recursos de petróleo y gas de Estados Unidos, pero tales políticas no son evidentes. Lo más parecido es la pausa en los permisos de exportación de GNL. Sin embargo, ese resoplido del año electoral fue detenido por un juez federal a principios de este mes y parece poco probable que sobreviva.
En última instancia, la inversión en el negocio petrolero “depende de los equilibrios globales entre oferta y demanda y del apetito de los inversores”, dice Kevin Book de ClearView Energy Partners, una firma de investigación energética. El factor más importante que afecta esos equilibrios no es la Casa Blanca sino la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el cártel petrolero que fija cuotas de producción con el objetivo de gestionar los precios del crudo.
Es más, es Wall Street, no el gobierno de Estados Unidos, quien determina cómo las grandes petroleras ajustan sus inversiones de acuerdo con la oferta y la demanda. Desde el estallido de la burbuja del esquisto, un período de expansión imprudente después de la crisis financiera durante el cual los vaqueros de la industria quemaron unos US$300.000 millones en efectivo, los inversores han tratado de controlar a los patrones petroleros. Rystad Energy, otro equipo de investigación, caracteriza el espíritu predominante en la zona de esquisto como “disciplina de capital persistente”. No está claro en qué medida un nuevo presidente cambiaría el estado de ánimo.
Una victoria de Trump en noviembre también puede hacer sorprendentemente poco para frenar el cambio de Estados Unidos hacia la energía limpia. Aunque Trump ha prometido derogar el IRA, al que llama la “nueva estafa verde”, probablemente no podrá hacerlo, argumenta Neil Auerbach de Hudson Sustainable Group, un inversionista en energía limpia. Unas cuatro quintas partes de sus beneficios van a los distritos electorales republicanos.
Es más, a pesar de toda su hostilidad hacia Biden, las industrias “marrones” están tan interesadas en las dádivas como las verdes. Dan Brouillette, quien fue secretario de Energía bajo Trump y ahora dirige el Edison Electric Institute, una asociación de empresas de servicios públicos de energía del sector privado de Estados Unidos, ha prometido defender el IRA. Un lobista del petróleo y el gas dice que sus clientes, que se benefician de los subsidios de la ley para la producción de hidrógeno y las tecnologías de captura de carbono, “irán a la lona” para evitar su derogación.
Una segunda administración Trump aún podría frenar la avanzada verde de la economía estadounidense al modificar las regulaciones y abandonar los objetivos de descarbonización, señala Wood Mackenzie, otra firma de investigación energética. Calcula que Estados Unidos está en camino de invertir US$7,7 billones en energía baja en carbono entre 2023 y 2050, y espera que esa cifra caiga a US$6,7 billones si Trump regresa a la Casa Blanca. Esto no es bienvenido, dado que Estados Unidos probablemente necesite cerca de US$12 billones de inversión para alcanzar emisiones netas cero para 2050; pero difícilmente sería una sentencia de muerte para las industrias verdes de Estados Unidos.
El análisis de Wood Mackenzie es anterior a la salida de Biden de la carrera presidencial. Kamala Harris puede tener instintos más ecológicos que su jefe. Durante su breve candidatura presidencial hace cuatro años, expresó su apoyo a la prohibición del fracking (aunque cambió su posición después de unirse a la candidatura de Biden). A medida que Harris se dirige a los votantes más jóvenes, es probable que “presente ambición climática”, considera Book de ClearView. Sin embargo, tal como están las cosas, no ha hecho nuevas promesas para ampliar los esfuerzos de descarbonización.
Pase lo que pase en noviembre, la economía baja en carbono de Estados Unidos ha cobrado impulso propio. Incluso sin subsidios, agregar energía a la red con una granja solar es más barato hoy en día que hacerlo con una nueva planta alimentada por carbón. Más del 90% de la capacidad adicional de generación de energía que entrará en funcionamiento en Estados Unidos este año estará libre de carbono. Los grandes clientes comerciales, como los gigantes tecnológicos, que necesitan cantidades cada vez mayores de energía para sus centros de datos, se han comprometido públicamente a reducir sus emisiones netas a cero. NextEra Energy, una empresa de servicios públicos con sede en Florida que es uno de los mayores desarrolladores de energía limpia del mundo, se ha comprometido a invertir aproximadamente US$100.000 millones en energía solar, eólica, baterías y transmisión para 2027, independientemente de quién gane la Casa Blanca.
A Mary Landrieu, ex senadora demócrata por Luisiana, rica en energía, le gusta decir que “no se puede hacer funcionar el acero con molinos de viento o paneles solares”. Sin embargo, está convencida de que en los años transcurridos desde que Trump dejó el cargo, la industria del petróleo y el gas “ha alcanzado un punto de inflexión al abrazar un futuro con bajas emisiones de carbono”. Parece que incluso los fósiles pueden cambiar.
The Economist