La compañía fue estatizada por Alberto Fernández en 2021. Tiene más del 80% del paquete accionario en manos del Estado nacional y mendocino. El directorio ultima los detalles del traspaso a un grupo extranjero.
El Gobierno va por su primera privatización y prepara la venta de una histórica metalúrgica. (Foto: Impsa)
El Gobierno va camino a privatizar IMPSA, la metalúrgica mendocina que en 2021 había sido estatizada por decisión de Alberto Fernández. Se trataría de la primera privatización del mandato de Javier Milei. La empresa, que tiene participación estatal mayoritaria, no estuvo en ninguna de las versiones de la lista de compañías que pueden pasar al sector privado incluidas en la Ley Bases.
IMPSA realiza trabajos en el país para la represa Yacyretá, YPF, otras petroleras que operan en Vaca Muerta, así como grandes compañías a nivel local e internacional, y emplea a unos 720 trabajadores. Hace tres años, en junio de 2021, el Estado nacional se quedó con el 63,7% de las acciones, la provincia de Mendoza con el 21,2% y un 5% conserva la familia Pescarmona, histórica propietaria.
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La vuelta a manos privadas de Impsa había comenzado en abril de 2023, cuando el directorio tomó la decisión de volver a vender parte de las acciones. Pero los tiempos se aceleraron con la llegada del gobierno de Javier Milei.
Si bien las negociaciones se realizan en estricta reserva, Tn pudo saber que al menos dos grandes grupos extranjeros llegaron a instancias clave para la privatización. Según la prensa mendocina, en junio visita de esos interesados a la planta de la localidad de Godoy Cruz para conocer parte del proceso y los negocios en marcha. Así como una delegación de la empresa argentina está en EEUU para avanzar en el contrato.
En junio de 2021, el entonces presidente Alberto Fernández, acompañado por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, encabezo el anuncio de capitalización de la empresa IMPSA. (Foto: NA)
Impsa exporta el 85% de su producción y se encuentra en más de 40 países generando equipamiento para la industria del petróleo y el gas, así como también la energía nuclear, eólica, hidroeléctrica y solar fotovoltaica.
Al momento de estatizarla, Nación aportó US$15 millones y Mendoza otros US$5 millones. El proceso no estuvo exento de polémicas dado que el Gobierno optó por estatizar una empresa que arrastraba graves problemas financieros producto de negocios con Venezuela -realizados a través de una subsidiaria brasileña- que terminaron impagos.
La empresa fue hasta 2018 de la familia Pescarmona. En ese momento, había acumulado pasivos por 1000 millones de dólares por esos “malos negocios”. A fines de 2020, obtuvo asistencia del Estado nacional para seguir operando y pagar salarios. Luego logró reestructurar su deuda por US$560 millones y recién en 2025 debe comenzar a pagar intereses y un año después capital.