Setenta y dos horas después de la media sanción de la ley ómnibus, en la mesa chica de Javier Milei hay algo más que satisfacción. “Conseguimos que se aprobara en Diputados la ley más ambiciosa de los últimos 30 años”, dice un funcionario con acceso permanente al despacho presidencial. En el corazón del poder libertario sienten que un sector importante de la política, el empresariado y los medios de comunicación subestimaron su cintura política para negociar en minoría con gobernadores y legisladores.
Si bien el Presidente había dicho que no habría Pacto de Mayo si no había Ley de Bases, en su entorno más próximo aseguran que, si los tiempos se estiran demasiado en el Senado o si el proyecto vuelve a Diputados, el 25 de Mayo habrá cumbre en la capital cordobesa -casi seguro en el Palacio de Justicia local- con los mandatarios provinciales que estén dispuestos a acompañar.
En el Ejecutivo no descartan que en la Cámara Alta se introduzcan cambios que obliguen a reenviar la ley Bases a Diputados y a estirar los tiempos. Las modificaciones al impuesto al tabaco -que el oficialismo hubiese preferido evitar y rechazó en la Cámara Baja- habilitan esa alternativa.
Altos funcionarios que participaron de las reuniones con múltiples gobernadores antes de la votación en Diputados señalan que esas conversaciones sirvieron para negociar el contenido de la ley y no solo para la media sanción. En Balcarce 50 no desconocen que la votación en el Senado será mucho más finita que la del martes en la Cámara Baja.
De todos modos y aún sin calendario para nuevas reuniones, en el equipo de negociadores de Milei posan los ojos en sobre los caciques provinciales que tienen ascendencia directa sobre sus senadores.
Para terminar de lubricar el juego de toma y daca político, en el que el Gobierno ya demostró aptitudes, audacia y disposición, aunque diga lo contrario, los negociadores autorizados por el Presidente tienen sobre la mesa una canasta de ofertas amplia. Incluye desde la cesión de obra pública nacional a los distritos, a colaboraciones para los vencimientos de créditos en dólares pasando por las deudas en pesos de las provincias con el Estado nacional que tienen como garantía la coparticipación. La lupa está puesta en los partidos provinciales.
Los posicionamientos públicos a favor de la ley de los dos gobernadores peronistas -el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil– son más un puente para que otros gobernadores se animen, más que una garantía de que los senadores de sus provincias acompañarán, como ya demostró la ex gobernadora y actual senadora de Catamarca Lucía Corpacci, que igual se mostró comprensiva con su sucesor. Los ojos se posan en el segundo senador por el oficialismo Eduardo Andrada.
Aunque en la Rosada se ilusionaban con un faltazo, cerca de Juan Manzur señalan que el ex gobernador tucumano votará “con las dos manos en contra”. Más dudas tienen sobre Sandra Mendoza, cuyo esposo es el intendente de Famaillá, José Orellana, que gobierna desde 1991 el distrito de manera intercalada con su hermano mellizo.
El nombre del santiagueño Gerardo Zamora encabeza la lista de mandatarios provinciales que el oficialismo quiere seducir cuyos legisladores pegaron faltazos que beneficiaron al oficialismo oportunamente, una estrategia que podría volver a repetirse. Hace dos semanas, tras recibir al ministro del Interior Guillermo Francos, Zamora envió a su secretario de Obras, Servicios Públicos y Agua a reunirse con su análogo nacional.
El mandatario provincial es una rara avis entre sus pares: tiene ascendencia sobre los tres senadores que representan a su provincia, los elegidos por el oficialismo y por la oposición, una tranquilidad que le gustaría revalidar en 2025, cuando la provincia también elija gobernador. La competitividad de los candidatos o el armado de listas de LLA también tallan en la discusión.
Neuquén es otra provincia que ocupa y preocupa a los negociadores del Presidente. El gobernador Rolando Figueroa se reunió con Francos, pero la senadora con la que acordó que trabajar, Lucila Crexell, ya votó en contra del DNU 70/24. Silvia Sapag, con presente en UxP y pasado en el MPN que supo integrar el mandatario provincial, también votó en contra del decreto. La semana pasada participó de la marcha de universitarios. Con Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Kirchner, el oficialismo no alberga ninguna esperanza.
Figueroa, en tanto, firmará este viernes junto a su par de Chubut Ignacio Torres y el secretario de Energía Eduardo Chirillo el traspaso de las plantas compresoras del gasoducto cordillerano que el Estado nacional había abandonado.
Con el rionegrino Alberto Weretilneck la situación se repite. Solo una senadora, Mónica Silva, le responde de manera directa al gobernador y también rechazó el Mega DNU. Los otros dos, Martín Doñate y Silvina Larraburu, responden al kirchnerismo duro. De todos modos, una puerta quedó abierta para el oficialismo. El diputado Agustín Domingo, del su partido, votó a favor de la Ley Bases. En el círculo íntimo de Weretilneck no cierran ninguna puerta. «Falta mucho», aseguran.
El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal, que desbancó al kirchnerismo pero no integró JxC- es otra de las grandes dudas y apuestas que tiene el Ejecutivo, que incluyó entre las empresas plausibles de privatización a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. En su entorno muestran distancia.
Tras su reunión con el patriarca provincial de Misiones, el ex Carlos Rovira, y su subalterno -el actual mandatario provincial Hugo Passalacqua- en el Gobierno creen que los votos misioneros estarán por partida doble. En la provincia confirman. “Los nuestros van a votar a favor con las dos manos”, señalan. El salteño Gustavo Sáenz se quedó más tranquilo luego de que se incorporaran las modificaciones del impuesto al tabaco.
Aunque suene descabellado, los más optimistas delegados de Milei no descartan un guiño en el Senado o contar en el Pacto de Mayo con la presencia del gobernador de Formosa desde 1995, Gildo Insfrán, actual presidente del Congreso del PJ. “Acordó con todos los presidentes que pasaron durante los últimos 30 años y como dice el Presidente, nosotros no tenemos pruritos ideológicos”, sostienen en el Gobierno; ver para creer.
Con la misma lógica afirman que el régimen de grandes inversiones (RIGI) y los cambios en materia de hidrocarburos están pensados para beneficiar a las provincias más que a las cuentas nacionales.