Exultante, Victoria Villarruel celebró la auditoría que puso en marcha el Ministerio de Justicia para detectar por el supuesto fraude con las indemnizaciones pagadas a las víctimas del terrorismo de Estado, al que asimiló a los «curros de los Derechos Humanos».
«Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones. Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona y del presidente Milei«, destacó este martes la funcionaria a través de su cuenta en X.
Incluso recordó en esa publicación un posteo de marzo de 2023 en el que señalaba el caso de «Roberto Haymal, montonero, fue asesinado por los mismos montoneros, sin embargo cobró indemnización. El dolor no habilita al fraude».
En en el entorno de la titular del Senado reconocieron que en el pasado reciente había hablado del tema con el ministro de Justicia pero la desligaron de la resolución ministerial que habilita una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado, durante la última dictadura.
«Fue la primera que ha venido advirtiendo sobre estas situaciones incluso desde antes de entrar en la política. Y no va a dejar de apoyar esta iniciativa o todo que esté relacionado con ella», explicó un estrecho colaborador consultado.
Desde mediados de los años 2000 Villarruel ha estado relacionada con el discurso de la «memoria completa» en relación a los años ´70 y llegó a liderar el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). El año pasado a través de la «Fundación Oíd Mortales», donde reviste como presidente honoraria, dio espacio a la presentación del libro «La Estafa con los desaparecidos», de José D´Angelo, que realiza un relevamiento sobre las supuestas indemnizaciones truchas.
En el Senado, asimismo, nombró como titular de un observatorio de DDHH a Claudia Rucci, hija del líder de la CGT asesinado por los Montoneros en 1974. Ese ente, aclaran en la Cámara alta, se encarga de asesorar a familias que han sufrido «abusos» institucionales en el pasado reciente o son víctimas de situaciones injustas.
Pero nada tiene que ver con un proyecto que desde hace tiempo cavila la Vice, esto es, otorgar una reparación a los familiares de las víctimas del accionar de los grupos guerrilleros. «Defiende esa idea pero hay momentos para plantear estas cosas. Hoy la prioridad es poner el país en marcha y ella siempre ha dicho que las prioridades las pone el Presidente», aclaran en su entorno.
La auditoría impulsada por el Ministerio de Justicia surgió por un fallo de procesamiento dictado en la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En ese expediente se procesó a varias personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional.
Además, en la cartera conducida por Cuneo Libarona argumentan que existen otras causas penales en trámite «por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido». Incluso adelantaron que para los casos que no corresponda haber abonado indemnizaciones, el ministerio “perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente”.
En diálogo con LN+, el ministro brindó datos duros sobre la cantidad de personas que percibieron estas indemnizaciones. “Al cierre del 2021 las indemnizaciones percibidas por familiares de desaparecidos son 7.996 casos y exiliados, 14.400 casos”. Sobre éste último grupo dijo que hay “mucha trampa, de quien estuvo y quién no estuvo” involucrado en la tragedia de los ´70.