El Gobierno anunció que suspenderá a 11.853 cooperativas que habían sido suspendidas en 2019 y adelantó que el ministerio de Capital Humano depurará el padrón nacional de cooperativas.
“Reviste innumerables irregularidades y pasó en los últimos años de 9.978 a 23.836 cooperativas. Se trata de otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener”, señaló el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa matutina en Casa Rosada. Sin embargo, como pasó con el anuncio de los despidos a estatales, que pasaron de 70 mil a 15 mil, el desmantelamiento del INADI y el cierre de Télam, la información podría no ser exactamente la que informó el Gobierno.
La incógnita terminará de revelarse recién el próximo miércoles cuando se publique una resolución administrativa del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en el Boletín Oficial, pero comenzó hace 5 días.
El viernes, el directorio del organismo -que se financia en un 85% por cuotas que cobra a sus socios-, que integran tres representantes del Estado, dos por las mutuales y dos por las cooperativas, votó la realización de un nuevo procedimiento administrativo para que los entes solidarios se pongan al día con la información requerida.
Un documento de 5 páginas que el ministerio que conduce Sandra Pettovello transmitió a Presidencia destaca que las cooperativas tendrán un plazo de 30 días para enviar la documentación de sus asambleas y la aprobación de sus balances.
En ese texto se explicita que se suspenderá de manera inmediata para que no puedan realizar trámites frente al INAES a 5.794 cooperativas constituidas entre 2020 y 2022, el 72 por ciento de las inscriptas en esos 24 meses, adeudaban la documentación anual ordinaria (estados contables y actas de asambleas). Si en el plazo de un mes no actualizan la información requerida se les retiraría la autorización para funcionar.
El Estado, además, verificará los domicilios de las 4.355 cooperativas que se constituyeron en 2023 y podría suspender la operatoria de las que estén inscriptas con el mismo mail o en la misma dirección.
En el Gobierno ponen el foco en 11.853 cooperativas a las que la administración de Mauricio Macri había suspendido en 2019.
En Capital Humano se quejan porque la gestión de Alberto Fernández no les quitó la autorización para trabajar y porque levantó la suspensión de 1.433 de ese universo. Según el cálculo del Ejecutivo hay 10.420 cooperativas suspendidas que podrían estar operando. En Capital Humano insisten en que se procederá a un sumario para quitarles la autorización. En rigor, según la ley 20337, la suspensión solo les impide realizar trámites o pedir beneficios en el INAES, pero no trabajar.
Sobre la mora en la entrega de documentación, en el universo cooperativista explican que un balance legal por ejercicio, con la firma de un contador tenía un costo el año pasado de $200.000. Sobre los e-mails y direcciones de las cooperativas repetidos esgrimen que los gestores que las inscriben suelen ser los mismos y que el número de unidades creció exponencialmente por la pandemia. También cuestionan al vocero presidencial por señalar que hay cooperativistas inscriptos en más de una cooperativa, algo que no impide la ley, del mismo modo que trabajador puede trabajar para dos S.A.
En diálogo con Clarín el ex presidente del INAES Alex Roig, defendió el aumento de cooperativas inscriptas en los últimos 4 años gracias a la resolución 1000/2021 de simplificación registral. “Tras realizar un entrecruzamiento de datos con organismos públicos, descubrimos que muchas de estas entidades seguían operando. Implementamos una moratoria documental para permitirles regularizar su condición. Al concluir, procedimos a iniciar los procesos de retiro de autorización para todas las entidades, incluyendo aquellas miles que no habían participado en la moratoria”, señaló el académico y experto en cooperativismo vinculado al movimiento Evita.
El actual presidente del organismo Marcelo Collomb, un técnico de planta permanente respetado por el resto de los miembros del directorio, intentó tranquilizar a los colectivos de cooperativas y mutuales que enseguida alertaron sobre la posibilidad de una ola de juicios al Estado si éste les retira su habilitación para trabajar.
Ni bien asumió Javier Milei, el Gobierno sacó al INAES de la órbita de jefatura de Gabinete y lo devolvió a Capital Humano, un paso que pensó como previo para la eliminación del organismo.
“Estuvieron a punto de pegarse un tiro en el pie”, señaló un dirigente del sector. Es que entre las cooperativas y mutuales se cuentan jugadores poderosos del mercado como ACA, principal exportador de granos; Sancor; Cooperativa Obrera y la Sociedad Militar de Seguros de Vida. Hoy ya no está en agenda cerrar el organismo.