En medio de la creciente preocupación sindical por la ola de despidos en la administración pública nacional, el gobierno de Javier Milei definió este lunes un incremento del 8% para los salarios de marzo de los agentes públicos nacionales, por debajo del tope de suba del 14% impuesto por el ministro de Economía, Luis Caputo, para las paritarias cerradas este mes y que ya provocó la demora en las homologación por parte de las autoridades laborales de los convenios salariales en el sector privado formal.
El aumento, oficializado durante una reunión entre funcionarios del Ejecutivo y dirigentes de los gremios que agrupan al personal del Estado nacional, fue aceptado por la representación de UPCN, en tanto que la conducción de ATE, el otro sindicato de la actividad, rechazó la suba y ratificó la jornada de protesta de este martes y el paro de 48 horas dispuesto para martes y miércoles por el anuncio de cesantías en el SENASA, una medida de fuerza que afectará las exportaciones del sector agroindustrial en la previa al fin de semana extra largo.
El incremento de 8% para los sueldos de marzo de los estatales es la tercer suba definida para el sector por la administración de Milei. A mediados de febrero se había establecido una mejora de 12% para ese mes (también rechazada por la conducción de ATE), en tanto que en enero el aumento fijado fue del 16%. Por tratarse de dos tramos acumulativos, la suba totalizó un 29% en el primer bimestre del año, contra una inflación acumulada en el mismo período del 36,6%, marcando una pérdida salarial de casi 8 puntos. Esa situación de deterioro de los ingresos de los agentes del sector público nacional amenaza profundizarse este mes si, como anticipan las estimaciones privadas, la medición del IPC que releva el Indec se ubica por encima del aumento salarial del 8% fijado este lunes por el Gobierno.
«Esta propuesta del Gobierno es inaceptable. Se trata de una oferta que configura el ajuste más grande que en los últimos años han sufrido los ingresos del sector público«, acusó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, al término de la reunión paritaria con los funcionarios del Ejecutivo.
El sindicalista aseguró que con el aumento fijado «el Gobierno empuja a la pobreza a decenas de miles de estatales», tras lo cual ratificó todas las medidas de fuerza dispuestas por el gremio en reclamo de «la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de marzo» en la administración pública nacional.
La reunión paritaria tuvo lugar en el marco de la creciente preocupación de los gremios por las versiones que señalan que el Gobierno se prepara para notificar este martes el desguace de hasta el 30% de la planta transitoria de la administración pública nacional, lo que implicaría alrededor de 20 mil despidos.
Según la información sindical, la poda se dispondrá sobre un tercio del universo de 64 mil empleados estatales regidos por el artículo 9 y unos 6 mil que prestan servicio bajo la resolución 1109 -en este caso, monotributistas o personal especializado bajo convenio con universidades- cuyo vínculo laboral fue prorrogado el 31 de diciembre y por el plazo de tres meses.
Por el feriado extra largo, aducen en ATE y UPCN, alertan que miles de empleados podrían recibir la temida notificación del fin del vínculo laboral entre el martes y el miércoles. De confirmarse esta medida, replicaría el mismo proceso ejecutado por el entonces ministerio de Modernización a fines de marzo de 2016.
En paralelo, la semana pasada en ATE salieron a denunciar 26 cesantías en la secretaría de Derechos Humanos y, al mismo tiempo, la difusión «clandestina» de un instructivos para aplicar despidos masivos en la administración pública. Se trata de textos divulgados por Whatsapp en el que se aconseja a las autoridades de cada dependencia evitar discontinuar los convenios de embarazadas y delegados gremiales y que eventualmente se comunique «verbalmente» a quienes no se le renovarán sus contratos.
También se anunciaron cesantías masivas en áreas como el SENASA, la Secretaría de Agricultura Familiar, la ANSES, la Secretaría de Producción y diversas dependencias estatales ubicadas en el edificio de la ex SOMISA, como la Agencia de Seguridad Vial.
Frente a ese escenario, la conducción de ATE dispuso para este martes una jornada nacional de protesta y un paro de dos días en el SENASA, que afectará a las exportaciones agropecuarias. «Es inevitable que se multipliquen las protestas y que crezca la conflictividad en el Estado durante las próximas semanas”, alertó Aguiar al respecto.