En un hecho inédito, una ONG acusó a la Argentina de usar armas químicas contra las protestas. Ocurrió en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en el marco de un debate general sobre la protección de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Argentina suscribió en los ’90 suscribió a todos los regímenes internacionales de desarme que prohíben, en otras cosas, el uso y fabricación de armas químicas, por lo que la acusación de la ONG “Asociación Americana de Juristas” causó revuelo y desconcierto. Además, esta ONG sostuvo que el gobierno de Milei causó la desintegración del Estado y la devastación económica con sus medidas.
«Denunciamos la desintegración del Estado y devastación económica implementadas por el presidente Milei de Argentina», comenzó diciendo el representante de la Asociación Americana de Juristas. «En el marco de una inflación desorbitada causada por la devaluación, impuso el represivo protocolo prohibiendo la protesta social, sancionando a los manifestantes y a las organizaciones convocantes. Se verificaron brutales detenciones arbitrarias y uso de armas químicas», dijo sin que ello sea un elemento comprobado entre las fuerzas que maneja Patricia Bullrich o la policía de la ciudad de Buenos Aires, al mando de Waldo Wolff.
Pero la ONG insistió: «Arrogándose facultades del poder Legislativo, dictó un Decreto desregulando el orden económico y social, en alquileres, abastecimiento, precios, comercio, minería, extranjerización de las tierras y atención de la salud. Suprimió derechos laborales, leyes ambientales, y normas que impedían la privatización de empresas y bienes del Estado, para entregar a corporaciones los recursos estratégicos del pueblo argentino».
Nuevamente la réplica corrió por cuenta del representante argentino ante el Consejo de Derechos Humanos, Carlos Foradori, quien en su intervención sostuvo que el Estado estaba «más sólido que nunca a pesar de que la economía está sufriendo los embates del anterior gobierno que dejó un 45 por ciento de pobres y un 10 de indigentes, una inflación del 52 por ciento de precios mayoristas que iba a implicar un 17200 por ciento en forma anualizada».
Con relación a la economía, Foradori manifestó que, a pesar del descalabro recibido, los meses de enero y febrero el Sector Público registró superávit primario y financiero que no se daba desde más de 10 años. La semana pasada, Foradori tuvo un cruce similar con el Centro de Estudios Legales y Sociales (el CELS).
La ONG también señaló que las universidades públicas no podrán comenzar las clases. Foradori replicó que el gobierno dispuso un aumento del 70 por ciento del presupuesto para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas y multiplicó por cuatro la asistencia a los chicos para que puedan empezar las clases, abarcando a alrededor de 7,3 millones de niños. Además, señaló Foradori, al finalizar el anterior gobierno hace tres meses, un jubilado ganaba 80 dólares y ahora 200. Y agregó que el gobierno de Milei duplicó la Tarjeta Alimentar, la denominada Asignación Universal por Hijos y la partida asignada a las embarazadas a la primera etapa del embarazo.
Entonces, el embajador, que fue vicecanciller anteriormente, y ya estuvo en el cargo de representante argentino ante Ginebra, refutó que haya habido brutales detenciones arbitrarias y obviamente el uso de armas químicas lo que consideró descabellado y agregó que, sin embargo, «sería un buena línea argumental para realizar una película de Netflix».
Criticas a Irán
En el marco de lo que fue el 55º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y el Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, Clarín pudo observar que en la sesión hubo criticas del gobierno a Teherán/
«Nos preocupa profundamente que el informe del Relator de cuenta, especialmente desde el inicio de las protestas tras la muerte de Jina Amini en 2022, de graves violaciones al derecho a la vida; a un juicio imparcial; a la libertad de expresión; a no ser sometido a tortura; del derecho a no ser objeto de violencia sexual; y del derecho a no ser sometido a detenciones arbitrarias», dijo Foradori.
«Según el informe, en 2023 hubo un preocupante aumento del 43% en el número de personas ejecutadas con respecto a 2022, totalizando 834 ejecuciones. Exhortamos a Irán a abolir inmediatamente la pena de muerte para todos los delitos y, a la espera de dicha abolición, imponer una moratoria inmediata de las ejecuciones, y conmutar todas las condenas a muerte; así como a ratificar la Convención contra la Tortura», agregó y dijo pidió también que se ponga fin al matrimonio infantil y que no haya discriminación de niñas y niños