Cuatro filipinos que residen en Los Ángeles, California, se enfrentan a una grave condena luego de que los arrestaron y acusaron junto a otras siete personas por conspiración, así como por cometer fraude matrimonial y con los documentos de inmigración. Las leyes de Estados Unidos son claras en cuanto a los trámites para obtener la tarjeta de residente permanente o green card. En un intento por encontrar el vacío legal, estas personas hicieron una elaborada agencia, pero los descubrieron.
Marcialito Biol Benitez, de 50 años, con la ayuda de sus compañeros, comenzó a operar la “agencia”, con la que organizaron cientos de matrimonios falsos entre sus clientes y ciudadanos estadounidenses. Se encargaban de todo, desde la preparación de pedidos, solicitudes y otros documentos de evidencia para corroborar los casamientos y asegurar el ajuste migratorio de las personas que recurrían a ellos. Todo este trabajo era parte de un lucrativo negocio, en el que les cobraban a sus clientes una tarifa de entre 20.000 y 35.000 en efectivo.
De acuerdo con las autoridades, la cabeza de este negocio era Benítez, quien operó la agencia desde las oficinas físicas en Los Ángeles y empleó a otros dos de los sentenciados como personal. A su vez, reclutó a varios ciudadanos estadounidenses para casarse con los clientes de la agencia a cambio de un pago.
Luego de formar a las parejas, seguían todo el proceso, incluso se ofrecían a organizar ceremonias de boda falsas en capillas, parques y otros lugares, realizadas por oficiantes en línea contratados. Aprovecharon todos los recursos de su círculo y un amigo de ellos, que trabajaba en una de las capillas, ayudó con los documentos de matrimonio. El paquete incluía las decoraciones de boda y accesorios, para que las fotos pudieran formar parte de la presentación de evidencia en sus trámites.
Una vez terminada la boda, la misma agencia de Benítez hacía los pedidos de inmigración fraudulentos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), mientras que tanto clientes como ciudadanos se apegaban al plan. Incluso hacían sesiones de ensayos para preparar a las parejas, para que estas proporcionaran las mismas respuestas y ocultaran sus verdaderas intenciones.
En todo este proceso, alquilaron el uso de las direcciones de sus departamentos a clientes que vivían fuera de Los Ángeles para que pudieran usarlas.
Green card por Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)
La agencia de Benitez también hacía que ciertos clientes obtuvieran su green card con la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) al afirmar que los indocumentados habían sido abusados por sus presuntos cónyuges estadounidenses, en acusaciones de violencia falsificadas. Con todos estos métodos, se salieron con la suya múltiples veces.
En total, organizaron matrimonios y presentaron documentos fraudulentos para al menos 600 clientes, entre octubre de 2016 y marzo de 2022, pero los descubrieron y condenaron con un alto precio.
En el comunicado oficial, publicado el 12 de marzo, se informa que cuatro de los participantes fueron sentenciados en el tribunal federal de Boston. Marcialito Biol Benitez recibió la resolución el 7 de marzo. Se había declarado culpable en septiembre de 2023 y le fijaron 22 meses de prisión y tres años de libertad supervisada.
Juanita Pacson, de 48 años y una de sus colaboradas, fue sentenciada a dos años de libertad supervisada con los primeros cuatro meses de detención domiciliaria.
Engilbert Ulan, de 43 años y que refería clientes, fue sentenciado el 6 de marzo a 14 meses de prisión y tres años de libertad supervisada. A su vez, Nino Valmeo, que también ayudaba en las pruebas y de 47 años, obtuvo tres años de libertad supervisada con los primeros seis meses de confinamiento domiciliario.
Paterson Souza, que remitió a los extranjeros a la agencia por una cuota, fue sentenciado a cinco meses de prisión y tres años de libertad supervisada, con los primeros cinco meses de detención domiciliaria. Por último, Felipe David, que recomendó a clientes para obtener su green card con la ley VAWA, recibió tres años de libertad supervisada.
LA NACION