En el Gobierno están decididos a quitar a los intermediarios de las pólizas que contratan los organismos públicos con Nación Seguros y Provincia ART. Pero en el caso de Corredores Viales, la firma que administra las concesiones de las rutas nacionales, buscan desafectar a un «broker» detectado en una auditoría interna: en el oficialismo argumentan que tuvieron que prorrogar por tres meses el convenio -el período mínimo permitido- hasta tanto no termine el proceso y no se afecte la cobertura de los usuarios y trabajadores del de la firma.
De los análisis oficiales realizados, surgió que «Bri Brokers» sería el único agente que intermediaba entre los convenios rubricados con Nación Seguros. Se trata de una aseguradora que tiene a Agustin Beraldi como titular, quien -según fuentes del sector-, supo estar vinculado a Aysa, la prestadora del servicio de agua potable donde pesaba Sergio Massa. También se lo vincula con La Cámpora.
En el oficialismo explican también que hay un impedimento práctico para resetear la cobertura en forma inmediata: no se pueden quedar sin seguro los miles de automovilistas que transitan diariamente por las carreteras. Por este motivo, Corredores Viales tendría la obligación «de contar con seguros vigentes todo el año» por tratarse de servicios esenciales y críticos «que no pueden interrumpirse por la complejidad del tipo de actividad».
En Jefatura de Gabinete, de donde depende la firma, reconocen que hasta 2022 operaba uno de los productores que salió a la luz con el escándalo con los seguros oficiales, Castello Mercuri, y que los contratos fueron renovados a comienzos de enero por el directorio de la misma porque vencían a fin de ese mes. Es que Gonzalo Atanasof, el anterior presidente, había renunciado a comienzos de diciembre y el resto del directorio se encontraba en plena transición, por lo cual se tomó la definición de prorrogar esos contratos durante 3 meses.
Hace pocos días asumió como titular de la empresa José Luis Acevedo que, entre 2020 y 2023, fue presidente de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), donde llevó adelante la implementación del denominado «Free Flow» en las autopistas porteñas. Ahora encabeza un relevamiento interno con el objetivo de «quitar a los intermediarios del medio y que las contrataciones se hagan en forma directa».
Esta empresa administra 9 corredores que representan 6 mil de los 7 mil kilómetros de carreteras concesionadas, entre las que se encuentran tramos de las rutas 5, 7, 9 y 34, por ejemplo. Por el tipo de negocio, explican en el sector del seguro, representa uno de los organismos «más apetecibles» para los «brokers» por la cantidad de clientes que tienen los concesionarios, lo que amplía los montos de las pólizas.
Como sucede en otros ámbitos del Estado, como en el mantenimiento de la Hidrovía por ejemplo, en el Ejecutivo aclaran que no todas las compañías tienen la capacidad para brindar un servicio, asegurador en este caso, para este tipo de empresa.
Según se informó, la misma cuenta con «tres grandes grupos» de pólizas vigentes para cubrir la responsabilidad civil en autopistas por cualquier siniestro vial que pudiera ocurrir, seguros de parque automotor de la propia compañía y la cobertura de «todo riesgo operativo», relativo a la operación en las distintas trazas. Todos los convenios están anudados con Nación Seguros.
En el marco del expediente sobre el posible entramado con los seguros oficiales que investiga el juez Julián Ercolini, la última semana llegó a las oficinas de Corredores Viales un oficio que reclama al organismo aportar documentación relativa al tema: convenios y pólizas de seguros contratados, listado de productores asesores de seguros o intermediarios en los cuatro años que duró el mandato de Alberto Fernández, uno de los imputados en la causa. Los pedidos del juzgado, en verdad, están llegando desde el martes a distintas áreas del Ejecutivo en busca de información sensible para el avance de la investigación judicial.