Los estrados de la Corte Suprema de Justicia son el lugar donde aterrizarán en última instancia los reclamos de los gobernadores contra el gobierno de Javier Milei por la quita de fondos. Por eso, los jueces siguen con prudencia el escenario político, aunque prescindentes, ya que ninguno de estos asuntos llegó aún a sus despachos.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que recurrirá a la Corte luego de que le recortaron el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal, que suma unos 30.000 millones de pesos. Hizo lo propio el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que planteó una medida cautelar por la falta de pago de 13.500 millones de pesos de la coparticipación federal.
Lo que si llamó la atención en los tribunales es que Kicillof, uno de los dirigentes del kirchnerismo que impulsó el juicio político a los jueces de la Corte, ahora haya decidido acudir a ellos para conseguir que le reintegren los fondos. “Es un saludable reconocimiento de cómo funciona el sistema republicano”, dijo sin ánimo de chicanear una fuente del mundo judicial atenta a los vaivenes de la política.
Los conflictos entre las provincias y la Casa Rosada se dirimen directamente ante los estrados de la Corte dado que son de su “competencia originaria”. Esto significa que no se plantean ante un juez de primera instancia para que luego se pronuncie una cámara y luego la Corte. Se plantean directamente ante el máximo tribunal y los jueces los resuelven después de escuchar los argumentos de las partes.
El otro reclamo por los fondos recortados por la Nación es del gobernador de Chubut. Torres, mandatario de Pro, recurrió a un atajo jurídico y obtuvo mediante “una medida autosatisfactiva”, que planteó ante el juez federal de Rawson, Hugo Sastre. Los gobernadores están más cerca de los jueces federales que de los jueces de la Corte. Y a Torres le fue bien con esta estrategia: ya obtuvo la semana pasada un fallo del juez Sastre que le ordenó al Gobierno nacional que no le quite los fondos del subsidio al transporte.
En una sentencia plagada de consideraciones políticas, el juez dijo que la decisión de quitarle los fondos era “inoportuna”, “arbitraria”, “intempestiva”, “espasmódica” y que desequilibra las cuentes provinciales. La administración de Javier Milei había anunciado la eliminación del Fondo Compensador del Interior en el marco de su plan de ajuste fiscal destinado a equilibrar las cuentas públicas.
El fallo del juez federal de Rawson solo afecta a los subsidios que recibe Chubut. No tiene alcance nacional. El Gobierno nacional apelará la medida, según dijeron a LA NACION fuentes oficiales. La sola concesión de la apelación por parte del juez para que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revise esa decisión implicaría la suspensión del fallo.
Ahora el gobernador recurrió al mismo remedio. Acudió con un planteo similar ante el mismo juzgado de Rawson. Planteó una medida autosatisfactiva y, en paralelo, presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia.
Ninguno de estos asuntos llegó a la Corte aún, que como último antecedente de conflictos económicos ente el Estado Nacional y las provincias, le tocó fallar en el caso de la quita de fondos coparticipables que había realizado el gobierno de Alberto Fernández a la Ciudad de Buenos Aires cuando Horacio Rodríguez Larreta estaba al frente.
La Corte falló a favor de la Ciudad y ordenó la restitución de parte de esos fondos. Pero essa sentencia no se ejecutó, ni antes con el gobierno de Alberto Fernández ni ahora con el de Javier Milei. Lo que hizo el Gobierno nacional es mediante un DNU ahora retrotraer en parte la situación a lo que ocurrió antes de que Alberto Fernández le quitara los fondos a la Ciudad para dárselos a la provincia de Buenos Aires. Dispuso sacarle esos fondos a Kicillof, pero se los quedó, y no se los devolvió a Jorge Macri, como pretende ahora la ciudad.
La Corte tiene en sus estrados otra causa sensible para el Gobierno. Dos planteos para anular por inconstitucional el DNU 70/2023 de MIlei. La Corte tiene una jurisprudencia restrictiva en cuanto a validar los DNU, porque la Constitución le veda al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, excepto en situaciones excepcionales.
Aún no hay una definición en la Corte sobre este caso, donde no hay posturas de los jueces al respecto, a pesar de las operaciones político judiciales que circularon la semana pasada en sentido contrario.